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Yurley fue condenada a 20 meses de prisión, con la instrucción expresa de cumplir la pena en la cárcel El Buen Pastor, tras ser retirada de su vivienda en Soacha. La noticia de la sentencia, conocida frente a funcionarios judiciales, provocó el llanto de la mujer; entiende que su participación, admitida en un proceso formal, implica ahora el ingreso definitivo al sistema penitenciario colombiano, sin posibilidad de prisión domiciliaria.
La acusación fue aceptada por Yurley ante un juzgado de La Dorada, municipio en el centro de Caldas. Asumió el papel de cómplice en un caso de extorsión agravada. Según la información judicial recopilada por LA PATRIA, ella era quien se encargaba de cobrar los giros de dinero que extorsionadores, dudosamente localizados entre la cárcel Doña Juana o en las calles, solicitaban a sus víctimas. El modus operandi, aunque no completamente aclarado por las autoridades, se centró en el papel de intermediar pagos y reclamarlos en nombre de quienes intimidaban a terceros.
La investigación reseñó dos casos específicos, ocurridos el 12 de enero de 2023. El primero involucró a un finquero residente en Corozal, departamento de Sucre. Recibió llamadas amenazantes de un supuesto grupo armado, el cual afirmaba conocer en detalle sus bienes: dos predios y ganado. Exigieron la compra de 40 uniformes camuflados, con un valor conjunto de $20 millones, bajo amenaza de dañar sus animales si no obedecía. Ante la imposibilidad de entregar esa suma, el hombre envió, el mismo día, dos giros por $2 millones y $3 millones a nombre de Yurley y, posteriormente, otro giro menor, presionado por las intimidaciones continuas. El pago fue realizado por medio de la empresa Supergiros.
El segundo caso señalado consiste en la extorsión a un docente de Sucre. Llamado por individuos identificados como Evelio Guzmán y Richard, le informaron que lo habían vigilado durante un mes y debía asistir a reuniones o marcharse de la zona. El hostigamiento escaló cuando otra persona, Raúl, lo amenazó con matar su ganado. Demandaron $30 millones para equipos de comunicación y, ante la presión, la víctima giró inicialmente $5 millones y luego, bajo amenazas aún más fuertes, escuchó resignado cómo sus ahorros e incluso el dinero destinado a la educación de su hijo se iban en manos de los extorsionistas. Las autoridades lograron mapear las llamadas a números celulares que triangulaban su señal en La Dorada, fortaleciendo el caso judicial contra Yurley.
Las víctimas vivieron miedo, ansiedad y pérdidas económicas notables. La conducta de cobrar los giros, aunque pareciera secundaria, fue esencial para que las extorsiones se materializaran. Estos hechos subrayan la complejidad de redes delictivas que, utilizando intermediarios como Yurley, buscan intimidar a ciudadanos a través de amenazas sobre la vida, bienes y trabajo.
¿Cómo se determina la participación de cómplices en casos de extorsión?
La cuestión de establecer la implicación de una persona como cómplice es relevante en investigaciones de delitos como la extorsión, pues la figura del cómplice implica que, sin ejecutar las amenazas directamente, facilitó la labor de los extorsionadores. En el caso de Yurley, su responsabilidad fue admitida en lo concerniente al cobro de los dineros exigidos mediante intimidación, lo que basta para que la justicia la reconozca como parte del engranaje criminal, según la información recogida por LA PATRIA. El análisis judicial se concentra en probar cómo el actuar del cómplice contribuyó efectivamente a consumar el delito, y si tenía conocimiento de la finalidad ilícita de los recursos que recibía.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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