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En Colombia, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes continúa siendo una de las problemáticas más preocupantes, como se evidenció en el conversatorio “Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Colombia: Nuevas Dinámicas y Desafíos para la Justicia y la Protección Integral”, organizado por la Corte Suprema de Justicia. Durante este evento, la Procuraduría hizo un urgente llamado a fortalecer las respuestas institucionales, poniendo especial énfasis en la necesidad de garantizar la atención integral a las víctimas y evitar su revictimización, especialmente cuando estas situaciones llegan a instancias de atención y judicialización.
De acuerdo con el Ministerio Público, persisten fallas significativas en la correcta activación de las rutas de atención y en la coordinación entre instituciones responsables de atender estos casos. Según María Fernanda Rangel Esparza, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, estos problemas se traducen en retrasos en la investigación, obstáculos para el acceso a la justicia y dificultades para implementar de manera efectiva las políticas de prevención y protección. Es decir, la falta de articulación institucional va en detrimento de la agilidad y efectividad del sistema, afectando directamente a quienes han sido víctimas de estos delitos.
Por otro lado, Oscar Iván Hernández Salazar, procurador delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, subrayó que la labor del sistema judicial debe estar marcada por la diligencia y la oportunidad, así como por un enfoque de protección que evite cualquier tipo de revictimización. En línea con este objetivo, la Procuraduría se comprometió a mantener el seguimiento y la vigilancia en los procesos penales relacionados con menores víctimas, de modo que se salvaguarden los derechos, se garantice el debido proceso y se logre esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Además, se anunció la construcción de una matriz de intervención específica para estos casos.
Las cifras compartidas durante el conversatorio reflejan la gravedad del panorama actual. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, cerca del 21 % de los adolescentes usuarios de internet ha sido víctima de abuso o explotación sexual facilitados por medios tecnológicos. Entre las experiencias de violencia más reportadas se encuentran la recepción de imágenes sexuales no deseadas (15 %), ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos sexuales (6 %) y la presión para compartir contenido explícito (5 %). Entre 2022 y 2025, los delitos sexuales representaron la segunda forma de violencia más frecuente, afectando a casi el 60 % de los niños y niñas entre 10 y 14 años. Además, el registro de 22.697 menores víctimas de explotación sexual comercial y 18.883 personas vinculadas judicialmente entre 2015 y 2025, evidencia la dimensión de la problemática.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son las principales fallas en la atención a víctimas de violencia sexual en menores de edad en Colombia?
Según lo presentado en el conversatorio, las principales fallas radican en la activación tardía o ineficiente de las rutas de atención, así como en la debilidad de la articulación institucional. Esto genera consecuencias como retrasos en la investigación, dificultades en el acceso a la justicia y obstáculos para implementar políticas de prevención y protección.
¿Qué acciones se están proponiendo para mejorar la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales?
De acuerdo con la información de la Procuraduría, se propone fortalecer el seguimiento y la vigilancia en los procesos penales, asegurar el respeto al debido proceso, construir una matriz de intervención dirigida a casos de menores víctimas y promover investigaciones diligentes, con enfoque de protección para evitar la revictimización.
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