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La reciente muerte de Sepúlveda, una persona identificada como habitante de calle en Pereira, Risaralda, ha puesto el foco sobre una problemática inquietante y persistente: la violencia que afecta de manera desproporcionada a la población en situación de calle y la complejidad que supone esclarecer este tipo de hechos. Sepúlveda llegó el lunes 8 de septiembre, por sus propios medios, a un centro médico con graves heridas en el tórax, abdomen y extremidades. A pesar de recibir atención, falleció poco después, sin lograr precisar ni el lugar exacto de la agresión ni las posibles identidades de sus atacantes. Esta falta de información precisa añade dificultades importantes para la investigación, en una ciudad que ya reporta 166 homicidios en lo corrido del año, según información del reporte original y datos de la Secretaría de Seguridad de Pereira.
La situación de Sepúlveda es un reflejo de los desafíos estructurales que afronta Pereira —al igual que otras ciudades latinoamericanas— en la protección de quienes viven en condiciones vulnerables. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Pereira, el índice de homicidios presenta una tendencia al alza, mientras que la población en situación de calle resulta especialmente expuesta por la precariedad en la que subsiste. Factores como la violencia intrapersonal, el consumo de sustancias psicoactivas y la limitada disponibilidad de servicios médicos con seguimiento contribuyen a una mayor inseguridad y riesgo.
A nivel criminológico, existen enormes obstáculos para avanzar en la resolución de homicidios cuando involucran a habitantes de calle. La escasez de testigos confiables y la falta de vínculos con redes institucionales formales dificultan la identificación de responsables. La Fiscalía General de la Nación reporta un elevado porcentaje de casos sin resolver entre estos sectores, lo que pone de relieve la urgencia de establecer estrategias preventivas y de protección para las personas que habitan las calles.
Adicionalmente, el caso de Sepúlveda evidencia las complicaciones para localizar a sus familiares tras su fallecimiento. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 70% de las personas en situación de calle en Colombia presentan rupturas familiares o migratorias, lo que dificulta tanto los procesos jurídicos como la posible atención social posterior a estos hechos.
Por otro lado, organizaciones como Amnistía Internacional señalan la falta de políticas públicas eficaces para salvaguardar los derechos humanos de esta población vulnerable. Advierten sobre la necesidad de un mayor compromiso estatal para garantizar la seguridad, la respuesta rápida frente a incidentes violentos y la creación de verdaderos programas de reintegración social que atiendan las causas profundas de la exclusión.
En este contexto, la sociedad y las autoridades de Pereira tienen ante sí el desafío de diseñar soluciones integrales: robustecer mecanismos de prevención y respuesta, reforzar la atención médica y social, y reducir la impunidad que rodea tantos casos. El fallecimiento de Sepúlveda es un retrato de una grave problemática que trasciende el hecho individual y exige, con urgencia, una respuesta multidimensional y firme.
¿Qué tipo de políticas pueden implementarse para reducir la violencia contra los habitantes de calle?
La pregunta acerca de cuáles políticas resultan más efectivas para salvaguardar a quienes habitan la calle adquiere urgencia cuando se observan los elevados índices de violencia y la falta de respuesta institucional adecuadas. Según informes de la Secretaría de Seguridad de Pereira y de Amnistía Internacional, aún existen vacíos en cuanto a medidas preventivas, programas de inclusión social y acceso estable a servicios médicos de calidad. Explorar acciones desde un marco de derechos humanos, así como políticas orientadas a la integración familiar y comunitaria, podría promover entornos menos hostiles y más protectores para esta población.
La relevancia de este tema radica en su potencial para articular soluciones de fondo, reducir el riesgo de nuevos homicidios y ofrecer mejores oportunidades de reinserción y protección a una de las comunidades más marginadas por la sociedad. La sostenibilidad de dichas políticas dependerá, sin embargo, del compromiso interinstitucional y de un seguimiento continuo que evalúe su impacto real en la vida de estas personas.
¿Por qué es difícil esclarecer los crímenes cometidos contra personas en situación de calle?
El esclarecimiento de crímenes contra habitantes de calle enfrenta serias barreras, muchas de las cuales han sido señaladas tanto por la Fiscalía General de la Nación como por estudios del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La principal dificultad reside en la escasez de testigos, la itinerancia de las víctimas y la falta de registros formales o conexiones familiares, factores que obstaculizan la investigación y documentación adecuada de los casos. Además, el temor a represalias y la desconfianza hacia las instituciones limitan aún más la denuncia y la colaboración con las autoridades.
Esto tiene consecuencias directas en la alta impunidad y el sentimiento de desprotección que predomina en la población afectada. Abordar estas dificultades no solo exige mejores estrategias de investigación, sino también una labor sostenida para fortalecer el tejido social, generar espacios seguros de denuncia y promover el reconocimiento pleno de los derechos de quienes viven en situación de calle.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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