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La ofensiva contra la criminalidad en Bogotá ha tenido un avance significativo gracias a la reciente operación conjunta de la Policía de Bogotá, el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) y la Fiscalía General de la Nación, que logró desmantelar una estructura delincuencial en Ciudad Bolívar. Esta organización criminal estaba involucrada principalmente en la extorsión a conductores informales, quienes se vieron forzados a entregar pagos semanales de 50 mil pesos para evitar represalias, según pruebas recogidas durante nueve meses de investigaciones lideradas por la fuerza pública. Las pruebas, sustentadas en vigilancias, declaraciones de víctimas y testimonios, permitieron identificar el modo de operar del grupo criminal, que extendía el miedo entre trabajadores del sector informal, un segmento históricamente vulnerable por la falta de garantías laborales y de protección estatal, como lo expuso la Secretaría Distrital de Seguridad.
La captura de cuatro miembros del grupo —tres en flagrancia y uno por orden judicial— representa un avance institucional de gran repercusión para la seguridad de la zona. Entre los detenidos figura alias ‘El Coste’, quien enfrenta antecedentes por homicidio agravado y portación ilegal de armas, y está señalado directamente por al menos tres asesinatos, además de participar en hechos violentos como el ocurrido en marzo de 2025, en el que una pasajera terminó herida y un conductor asesinado, de acuerdo con los reportes oficiales del GAULA y la Policía de Bogotá.
Durante los operativos, las autoridades decomisaron más de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de Tusi —una droga psicoactiva sintética—, armas traumáticas y equipos electrónicos, lo cual sugiere que el grupo mantenía una estructura diversificada dedicada no solo a la extorsión y el sicariato, sino también al microtráfico de sustancias ilícitas. Las cifras proporcionadas por la Policía Nacional indican que la renta criminal de la organización superaba los 200 millones de pesos mensuales, una suma considerable que ahora se ve gravemente mermada tras la acción judicial.
Este golpe institucional ocurre en un contexto alentador: las extorsiones en Bogotá han caído un 20 % en 2025 en comparación con el año anterior, con 314 denuncias menos y 164 capturados por este flagelo en lo corrido del año, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Autoridades y especialistas atribuyen estos resultados a la articulación eficiente entre Fiscalía, Policía y entidades territoriales, y a estrategias centradas en prevención comunitaria y confianza ciudadana, aunque admiten que el problema persiste, sobre todo donde el microtráfico y la violencia se mezclan con la economía informal.
La operación también resalta la importancia de contar con información contrastada y de fuentes verificadas en la cobertura de temas delicados de seguridad. Tal como lo sugiere la Fundación Gabo en sus lineamientos sobre ética periodística, un periodismo riguroso apoya el trabajo institucional y fortalece la denuncia ciudadana. El llamado a usar canales confiables como la Línea 165 es clave para proteger tanto la economía de quienes trabajan informalmente como el bienestar general de los habitantes.
En síntesis, la desarticulación de esta banda criminal en Ciudad Bolívar representa no solo un golpe a la delincuencia que afecta al sector informal, sino también un ejemplo del impacto que pueden tener la inteligencia policial, la acción judicial y la cooperación ciudadana en el fortalecimiento de la seguridad urbana.
¿Por qué la informalidad laboral incrementa la vulnerabilidad frente a la extorsión? Este fenómeno es relevante porque, según informes de la Secretaría Distrital de Seguridad, los trabajadores informales carecen de garantías y redes de apoyo institucionales, lo que los expone a dinámicas de intimidación por parte de bandas criminales. Al no contar con protección laboral formal, se ven forzados a recurrir a las autoridades de manera individual y muchas veces en condiciones de indefensión frente a quienes los extorsionan.
La vulnerabilidad de los trabajadores informales ante la extorsión evidencia la necesidad de políticas públicas específicas y estrategias de inclusión social, para que puedan acceder a entornos laborales más seguros y a mecanismos efectivos de denuncia, contribuyendo así a debilitar la economía criminal que afecta a diversas comunidades en Bogotá.
¿Qué es una arma traumática y cómo afecta la seguridad ciudadana? La pregunta surge porque, durante las operaciones, la Policía de Bogotá decomisó armas traumáticas junto con estupefacientes y otros objetos. Un arma traumática es un dispositivo diseñado para incapacitar temporalmente sin causar daños letales, pero en manos de organizaciones criminales puede ser adaptada para infligir lesiones graves o intimidar a las víctimas.
El uso indebido de armas traumáticas complica las labores de control y prevención, pues facilita la comisión de delitos como la extorsión y el sicariato sin la misma trazabilidad que las armas de fuego convencionales, aumentando la percepción de inseguridad en los barrios afectados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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