El documento menciona que fueron dos días en los que el vandalismo y los abusos de la Policía afectaron el ejercicio del derecho a la protesta civil y que uno de los principales hallazgos fue que “hombres vestidos de civil acompañaron la represión policial“.

La Veeduría señala que recogió evidencia sobre las desproporcionadas actuaciones de la Policía, frente a los actos de quienes protestaban por la muerte de Javier Ordóñez, que terminaron afectando a civiles que se manifestaron legítimamente o que simplemente transitaban por las zonas de los disturbios.

Por ejemplo, en las localidades de Bosa, Suba, Kennedy y Engativá hay “una previsible desproporción” entre los desmanes cometidos por la fuerza pública y la ciudadanía que dejaron 75 ciudadanos y 4 policías heridos con armas de fuego.

Sin embargo, al veedor Guillermo Rivera le llamó especial atención los videos en los que se ven policías acompañados de hombres sin uniforme, pero disparando a los manifestantes:

“Nos preocupa que, en varios de los videos sobre confrontaciones entre civiles y policía durante esas noches, se ven hombres vestidos de civil que acompañan a los policías disparando. No se sabe si son policías vestidos de civil, o civiles armados que presuntamente realizan hechos para- policiales”.

Además, en un video, Rivera les pidió a las autoridades judiciales “establecer prontamente las responsabilidades sobre los homicidios y sobre las lesiones personales que ocurrieron en esas dos noches” e “investigar presuntos hechos parapoliciales”.

Dice el funcionario que, como se ve en el siguiente video, hay videos de civiles disparando armas que presuntamente pertenecían a la Policía y justo al lado de los uniformados; también dicen tener testimonios que recogieron en el mencionado informe.

Como resultado, la entidad de control hace tres recomendaciones:

– Explorar la posibilidad de revivir la figura del comisionado de la Policía que existió en los años 90. Explica Rivera que se trata de un civil externo a la institución que hace las veces de inspector, de persona que desarrolla labores de control interno sobre las labores de la Policía.

– Establecer unos criterios mucho más rigurosos para la incorporación del personal de la Policía.

– Desarrollar una formación más intensiva en materia de derechos humanos para la Policía con el apoyo de las universidades más especializadas en el tema.

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Por todo esto, la entidad Distrital dijo que las protestas de esos días evidenciaron “problemas de fondo en las actuaciones de la fuerza pública que merecen reformas concretas” y “soluciones estructurales”.

Además, señaló que es fundamental que la Policía Metropolitana de Bogotá adelante “todas las acciones pertinentes para reestablecer la confianza en su institución que permita garantizar la legitimidad en sus acciones”.

Y a eso sumarle la promoción de la cultura ciudadana “en aras de que el vandalismo no termine afectando el derecho a la protesta” para que se recupere el contrato social en la ciudad.

“De que reformas como estas se hagan, dependerá que hechos como los del 9 y el 10 de septiembre, en los que incluso se vieron en videos y en denuncias presuntos hechos para-policiales no vuelvan a ocurrir jamás”, concluyó Rivera.

Este es el balance final de los disturbios en la noche del 9 de septiembre que entregó la Alcaldía de Bogotá:

Veeduría Distrital
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