Desde las 6:30 de la tarde de este viernes, día en que también se conoció el resultado de la necropsia de Javier Ordóñez, detallando cuáles fueron las lesiones que le causaron la muerte, la funcionaria judicial oficializó los documentos con los que dio comienzo a las diligencias contra los agentes de la Policía involucrados en la muerte del abogado.

Luego de que Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz fueran capturados, hicieron presencia en la audiencia virtual desde el Búnker de la Fiscalía, acompañados de sus abogados.

En su intervención, el abogado de Lloreda dio a entender que solicitó una “colisión de competencias” lo que significa que está pidiendo que primero se resuelva si lo tiene que investigar la Fiscalía o si el caso debe pasar a la Justicia Penal Militar, aunque en principio esto ya se había descartado.

Al legalizar la defensa de cada uno de los indiciados, la juez le dio paso al fiscal de derechos humanos para que expusiera los argumentos del caso y, en principio, legalizar la captura de los policías antes de las 36 horas que establece la ley; esto que podría retrasarse mientras se define el conflicto de competencias (tal como está pasando en el caso de Dilan Cruz).

El fiscal expuso ante los presentes cómo se dieron los allanamientos para detenerlos, presentó algunas de las pruebas contra ellos y finalmente la forma en la que Rodríguez fue capturado en su vivienda y Lloreda se entregó a las autoridades.

Más temprano, a través de sus abogados, los indiciados dieron a conocer que no aceptarán los cargos por homicidio agravado en concurso con tortura agravada que busca imputarles la Fiscalía, aunque esa diligencia se debe hacer una vez la captura sea legalizada.

Pese a que la defensa de los dos policías argumenta que el video no es prueba contra sus representados y buscarán demostrar su inocencia, la idea de la parte acusadora, según anunció el mismo fiscal Francisco Barbosa, es solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario porque los considera un peligro para la sociedad y podrían abandonar el país.

Después, la delegada de la Procuraduría y Vadith Gómez, abogado de la víctima, pidieron la legalidad de los allanamientos y las capturas, mientras que la defensa de los policías pidió que se declararan ilegales por temas administrativos de los documentos.

Los apoderados de los uniformados suministraron una serie de fotos y videos con los que pretendían probar la ilegalidad y supuestos abusos en los allanamientos. Sobre este material, el ministerio Público hizo algunas consideraciones, pero no apoyó la tesis de que hubiera alguna violación de derechos.

Por ejemplo, reconoció que en las imágenes se evidencia cierto uso de la fuerza al ingresar al domicilio de Lloreda para buscarlo, pero él no se encontraba allí. En el caso de Rodríguez, señaló que se evidencia consternación en las personas que lo rodeaban al momento de su captura, incluyendo menores de edad, pero comentó que todo estuvo dentro de los márgenes normales de un procedimiento de tal delicadeza y no se vieron violentadas de manera inusual.

Aclarado este tema, la juez procedió a revisar las órdenes de captura en las que se basaron los operativos para asegurar a los policías e hizo hincapié en que no se trató de allanamientos aislados. Luego comentó que no encontró que hubiera nada “violatorio del debido proceso ni de los derechos de las personas”.

Así fue la audiencia virtual:

LO ÚLTIMO