La situación que enfrentan los vendedores informales en algunos sectores de Bogotá es realmente preocupante, ya que son víctimas de personas que se aprovechan de su necesidad y vulnerabilidad. Claudia Mateus, es una vendedora ambulante con una trayectoria de más de 40 años y tristemente ha experimentado directamente estas dificultades.
En su caso, ha sido víctima de extorsión por parte de agentes de la policía, quienes le exigían dinero por permitirle tener su puesto en el espacio público.
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Estos agentes utilizaban tácticas inescrupulosas, mencionando que había múltiples formas de “arreglar” la situación y amenazando con desalojarla o confiscar su mercancía si no cumplía con sus demandas económicas. Claudia se vio obligada a pagar una suma de 50 mil pesos diarios para poder seguir trabajando en ese lugar.
Además de esta extorsión por parte de las autoridades, existe otro problema relacionado con supuestos arrendadores que controlan el negocio de alquiler de espacios de trabajo para vendedores informales.
Estos individuos exigen sumas desorbitantes, incluso superando el salario mínimo de un colombiano, por el simple derecho de vender en un determinado lugar. No solo cobran mensualmente por el uso de estos espacios públicos, sino que también ofrecen la posibilidad de pagar a crédito, generando una carga financiera aún mayor para los vendedores.
Esta situación evidencia una clara explotación de la necesidad y vulnerabilidad de los vendedores informales. Es necesario tomar medidas urgentes para proteger sus derechos y brindarles un ambiente laboral seguro y justo.
Las autoridades competentes deben investigar y sancionar a aquellos que cometen actos de extorsión y abuso contra estos trabajadores. Además, se requiere una regulación adecuada del alquiler de espacios de trabajo, estableciendo tarifas justas y evitando prácticas abusivas.
Asimismo, es fundamental promover la concientización y la capacitación tanto entre los vendedores informales como en las autoridades, para que estén alerta y puedan denunciar cualquier forma de extorsión o abuso. También se deben establecer canales de denuncia seguros y confidenciales para que los vendedores informales puedan reportar estos actos ilegales sin temor a represalias.
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