Líder social dice que solo después de atentado la UNP le cambió vehículo de seguridad

Tuvieron que pasar 35 días y un atentado con disparos para que a Gabriel Ángel Quintero, exguerrillero del Epl y líder de restitución de tierras, le repusieran el carro blindado que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había asignado pero había quedado varado por fallas mecánicas. Según Quintero y el director de la entidad, Augusto Rodríguez, la empresa arrendadora del vehículo Neostar Seguridad De Colombia (conocida también como Neosecurity) no respondió a las múltiples solicitudes que le hicieron llegar tanto Quintero como la UNP, pese a que la vida del líder estaba en riesgo. La UNP, sin embargo, nunca sancionó a la empresa por incumplir su contrato.

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Esta es una de las cuatro irregularidades que ha encontrado Rodríguez desde su llegada a la dirección de la unidad: “Son cuatro dificultades en el trabajo de la UNP”, como las llamó él mismo la semana pasada en su exposición frente a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Los otros tres casos se tratan del falso blindaje de algunos de los vehículos rentados; la puerta giratoria entre la entidad y las empresas rentadoras de carros, y corrupción por parte de una exfiscal que tuvo un esquema de protección pese a que no padecía riesgo alguno.

Colombia+20 tuvo acceso al documento de pruebas que presentó Rodríguez ante el Senado. Según él, casos como estos han obstaculizado la protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. De acuerdo con cifras de la entidad, en los últimos tres años han recibido 99.381 solicitudes de protección (34.586 en 2020; 29.511 en 2021 y 35.284 en 2022), de las cuales 32.745 son de líderes sociales. Pero en la actualidad, atienden a 7.714 personas, de las cuales 3.607 son líderes.

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Un atentado para que se reponga un carro de protección

Gabriel Ángel Quintero se siente en riesgo desde 1991 cuando se desmovilizó de la guerrilla del Epl. Desde esa época ha acompañado el proceso de reclamantes de tierras despojadas en múltiples territorios de Colombia, pero cuenta con esquema de protección desde el 2015 cuando las amenazas contra él y su Fundación Tierra y Vida se agudizaron en el Catatumbo. Por ese mismo riesgo vivió cuatro años como refugiado en España y desde que volvió a Norte de Santander recuperó su esquema de protección asignado por la UNP: dos escoltas y un carro blindado.

Pero este último solo le ha traído dificultades. “Primero, los grupos armados prohibieron el tránsito por el territorio del vehículo y tuve que pedir un cambio, solo el trámite de ese cambio duró más de seis meses”, recuerda. El nuevo vehículo nunca funcionó bien: “el mismo día que llegó se varó y estuvo cinco días en el taller. Se recalentaba continuamente, se llevaba a mantenimiento y no se le hacía lo necesario”. Así, el vehículo, de placas FNQ340, rentado a la UNP por Neosecurity, pasó cuatro veces por el taller entre el 11 de mayo y el 29 de septiembre de este año.

El 5 de octubre el carro se apagó y no prendió más.

Según explicó Rodríguez, tanto la UNP como el líder hicieron múltiples solicitudes a la empresa para que repusiera el vehículo mientras salía de mantenimiento, pero esta no respondió. “La empresa decía que el carro estaba en mantenimiento, que teníamos que esperar, que no había carros blindados para hacer la reposición del vehículo, que debido a la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania que provocó escasez mundial de vehículos, pero con eso se incumplía el contrato”, recuerda Quintero. Las peticiones recordaban insistentemente que el reemplazo era indispensable para disminuir el “riesgo inminente, amenaza, peligro y posible materialización desfavorable de un hecho o acto delictual contra la vida, libertad, integridad y seguridad del beneficiario”.

Hasta que el 31 de octubre, 26 días después, el riesgo se materializó. “Íbamos en motos en la vía que va de Ocaña al aeropuerto y los hombres de protección se percataron de que nos iban a atacar y abrieron fuego. Los hombres armados nos respondieron y hubo un intercambio de disparos fuerte en ese momento. Los escoltas me pusieron a salvo y luego los hombres huyeron”, recuerda Quintero. Finalmente, nueve días después del atentado, el 9 de noviembre, la empresa le repuso el vehículo.

Este diario consultó a Alan Perlman Katz, gerente de Neosecurity, sobre por qué los vehículos se rentan en mal estado teniendo en cuenta que en seis meses tuvo que pasar cinco veces por el taller. Según respondió, “el vehículo estába en buen estado, (pero) es el trato que le dan (los escoltas) a los carros por eso entra al taller. El carro entró el 6 de octubre porque el esquema le quemó el motor y teniendo en cuenta ese daño grave se cambió el vehículo”. Señaló, además, que el carro alquilado es de Equirent Blindados, otra empresa, a la que él se los alquila para luego rentarlos a la UNP, razón por la que no puede brindar mayor información del vehículo.

Según averiguaciones de Gabriel Ángel Quintero con fuentes de la UNP, más de 150 líderes sociales vivieron situaciones similares por vehículos defectuosos que no eran reemplazados. Al preguntarle a la entidad en cuántos casos más se puso en riesgo la vida de los protegidos por incumplimientos de los contratistas, respondieron que: “Son muchos más los casos de incumplimiento por concepto de esa obligación de reposición y/o cambio (reemplazo), no obstante, algunos llegan a ser reportados como incumplimiento, pero otros no. Ahora bien, con el propósito de darle una cifra completa, este organismo está recopilando la información para determinarlo con precisión”. Hasta el día de esta publicación, la información no ha llegado.

Además, según investigó el líder, las rentadoras no reponían los vehículos porque las anteriores administraciones firmaban los contratos sin una cláusula o penalidad que las obligara a hacerlo. Sin embargo, en los últimos contratos celebrados entre la entidad y Neostar Seguridad de Colombia (Neosecurity) es claro que la reposición se debe hacer dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de la UNP.

Así continúa haciéndolo la nueva administración de la UNP, que al respecto señaló que esas condiciones han variado en la historia de la entidad, pero que “actualmente en los contratos se previó la siguiente cláusula: 3.1.9 Para los casos de reposición y/o cambio, el contratista debe efectuarlo a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento de ser reportada la novedad por parte de la Coordinación del Grupo de Vehículo de Protección de la UNP, la pérdida, accidente/siniestro, daño, robo; el vehículo debe ser entregado en el lugar de ubicación actual del esquema, asumiendo todos los costos que ello implique, independientemente del motivo por el cual se generen”, detalla.

Ante la falta de sanción por el incumplimiento del contrato, la nueva administración señaló que por ahora su “único interés es el debido cumplimento de su misionalidad”. Para ello “espera que se cumpla el contrato y se preste el servicio debidamente y solo adelantara sanciones en la medida en que contratista sea renuente a cumplir el contrato”, señalaron.

Denuncias de blindajes falsos de vehículos

Otra de las denuncias de Augusto Rodríguez que generó mayor polémica es la de vehículos por los que la Unidad Nacional de Protección está pagando tarifa de blindados, pero no cuentan con blindaje completo. Durante la presentación expuso uno de los casos: “Este vehículo fue asignado a una alta personalidad del país. Se le hizo una inspección y se encontró que el blindaje era falso, lo único que tenia blindado eran los vidrios”, describió. Y mostró casos en los que, al quitar el tapizado, ni las puertas, ni la parte frontal ni trasera del vehículo tenían blindaje.

También denunció lo que él mismo llamó una puerta giratoria de los empleados entre la entidad y las empresas adjudicatarias. En este caso, mencionó como ejemplo a Diego Fernando Rodríguez Vásquez, quien ejerció como jefe de la Oficina Asesora Jurídica y como coordinador del grupo de contratación. Meses después de salir de la entidad, el director, Rodríguez Vásquez “se convirtió en el asesor jurídico y representante jurídico de una de las principales empresas rentadoras de vehículos, es una puerta giratoria que transgrede los límites éticos y legales”, señaló.

Esta actuación, según sugiere el director, iría en contra del artículo 4 de la ley 1474, que señala que las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado están inhabilitados durante los dos años siguientes a su retiro del cargo para contratar con el Estado de manera directa o indirecta.

Sobre los blindajes falsos, la Procuraduría se pronunció este lunes y abrió una indagación por las denuncias hechas por Rodríguez. El Ministerio Público encargó las pesquisas a su Dirección de Investigaciones Especiales y “ordenó una inspección en las oficinas de la Unidad Nacional de Protección, con el fin de recibir información, recolectar los procesos contractuales de los blindajes de vehículos denunciados, esclarecer los hechos y obtener la documentación relacionada con las presuntas irregularidades, así como las demás pruebas que sean necesarias para la individualización de los presuntos autores”.

Una fiscal habría utilizado un esquema de protección sin necesitarlo

El cuarto caso hace referencia a un presunto caso de corrupción que implicaría a la fiscal Yajaira Cáceres, quien ya había sido investigada por cohecho y falsedad en documento público por haber pedido boletas para la eliminatoria del mundial de fútbol Rusia 2018 cuando era ella la encargada de investigar un caso de reventa.

En noviembre de 2015, la UNP, en cabeza del exdirector Diego Mora, le asignó a Cáceres un carro blindado y dos escoltas durante tres meses mientras se hacía su evaluación de riesgo. Pero en abril de 2016 el resultado determinó que su riesgo era ordinario (que no amerita protección) y le fue retirado su esquema. Sin embargo, según el documento de la UNP la fiscal mantuvo las medidas de protección de formar irregular.

“Dos años después la fiscal interpone un recurso de reposición y se ordenan mantener las medidas de protección. Lo raro es que salen dos firmas distintas y al parecer se falsificó la firma para mantener las medidas. Eso muestra que allí las cosas no estaban funcionando bien”, señaló Rodríguez durante su exposición.

Y añadió que “un juzgado absolvió la semana pasada a un exfuncionario de la UNP en la que se compulsó copias a la fiscal por no haber presentado los testigos en un proceso que llevaba. Así que hay corrupción dentro de la UNP”.

La Procuraduría también le pidió al director de la entidad entregar un informe detallado con los hechos, nombres y fechas de los posibles hechos de corrupción que denunció en el Congreso.

A estos hechos se suma el hallazgo este fin de semana de 150 kilos de cocaína en camioneta de la UNP. El hecho se dio en el municipio de Caloto (Cauca), donde las autoridades interceptaron una camioneta de esa entidad en la que había 168 paquetes de cocaína. El vehículo hacía parte del esquema de seguridad del exsubdirector de Protección de la Unidad, Ronald Rodríguez.