Según reseña el boletín 405, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ofició a los mandatarios con el ánimo que informen si las gestiones desarrolladas garantizaron el suministro del transporte desde el inicio de las clases. En 2022 presentó fallas y padres de familia protestaron.

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Así pues, entre la información requerida por la entidad se estableció el monto total asignado para la prestación del servicio, el número de niños, niñas y adolescentes que se beneficiarán. Ya que, se han registrado casos en donde los pequeños no pueden asistir a clases por falta de ese servicio.

Asimismo, una relación de los contratos celebrados, la modalidad de cada uno de ellos, número de días y valores contratados, indicando si cubren la totalidad del calendario escolar de 203.

De la misma manera se hace referencia a un listado de los operadores y vehículos que prestan el servicio, al igual que las rutas y documentación que se les exige e indicando si existen instituciones sin concertar operador, identificando de cuáles se trata y las razones de tal situación.

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“En los casos en que alguna institución o sede educativa no cuente con este servicio, (la entidad) los exhortó a adelantar de manera inmediata las acciones necesarias para garantizarles el transporte escolar, según lo establecido en la Constitución y la ley”, señala el comunicado.

Y añade: “Por último, solicitó precisar cuántos niños y niñas se encuentran aún sin cobertura de transporte, y les recordó que deben presentar oportunamente los informes bimestrales a los órganos de control, en los casos en que la contratación de este servicio se haya efectuado en zonas de difícil acceso”.

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