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La reciente suspensión temporal de la programación informativa y regional de las 20 emisoras de paz, ordenada por la nueva gerencia de Inravisión —el sistema de medios públicos de Colombia—, ha suscitado críticas y llamados de atención por parte de diversas entidades, incluida la Defensoría del Pueblo. Según su comunicado, recogido por El Espectador, la Defensoría instó de manera prioritaria a que se reconsidere esta disposición y se implementen alternativas que aseguren la continuidad de las emisoras, cuya labor ha sido esencial en zonas afectadas históricamente por el conflicto armado.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la naturaleza de estas emisoras va más allá de la de los medios públicos convencionales. Fueron establecidas específicamente para cumplir el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz de 2016, con la finalidad de promover la convivencia, la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la educación sobre la implementación de dicho Acuerdo en las comunidades más golpeadas por la violencia. Además, la institución recalca que su programación tiene un enfoque territorial, informativo y cultural, permitiendo la reconstrucción del tejido social y la visibilidad de las voces de las comunidades afectadas, especialmente relevante en medio de la crisis humanitaria actual, ocasionada por desastres naturales como terremotos e incendios.
La Defensoría enfatizó que las decisiones sobre el funcionamiento de estas emisoras no deben ser tomadas a la ligera ni como si fuesen medios tradicionales, pues tienen obligaciones especiales y un compromiso con los territorios establecidas en el Acuerdo de Paz. Por ello, solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones —entidad gubernamental responsable de las políticas para el sector— y a Inravisión, que revisen de manera prioritaria la medida y busquen opciones que permitan mantener su operación.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Misión de Observación Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias manifestaron también su desacuerdo con la decisión de Inravisión. En palabras de la Flip, recogidas en El Espectador, “la medida afecta el modelo de radio descentralizada que Radio Nacional construyó desde 2014 para producir información desde las regiones y amplificar voces territoriales”, lo cual se ve limitado al centralizar la programación en Bogotá. La Flip agregó que suspender toda la emisión informativa y territorial no es una decisión idónea ni proporcional para revisar sus contenidos y sugirió alternativas menos restrictivas.
La instrucción de suspensión, divulgada por Inravisión a través de mensajes de WhatsApp, ordenó modificar la programación para hacerla únicamente musical y centralizar su producción en Bogotá, suspendiendo noticias, boletines y programas de locución hasta nueva orden. Las emisoras de paz cumplen lo estipulado en el numeral 6.5 del Acuerdo de Paz, administrando sus franjas de manera equitativa entre víctimas, movimientos sociales, cooperativas de las antiguas FARC —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia— y el gobierno. Estas emisoras funcionan en municipios como Florida, Bojayá, Arauquita, Puerto Leguízamo, Algeciras, El Tambo, Chaparral, Ituango, Convención, Fonseca y San Jacinto.
Hasta el momento, el gobierno no ha emitido declaraciones adicionales sobre este tema.
¿Por qué la Defensoría del Pueblo pide reactivar las emisoras de paz en Colombia?
La Defensoría del Pueblo solicita la reactivación de las emisoras de paz porque estas fueron creadas para contribuir al cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, al servir como canales de información, reconciliación y pedagogía en los territorios afectados por el conflicto. Según la entidad, su suspensión afecta la visibilización de comunidades víctimas de la violencia y limita el acceso a información clave para el proceso de reconstrucción social.
¿Cuál es la función principal de las emisoras de paz según el Acuerdo Final de 2016?
De acuerdo con el numeral 6.5 del Acuerdo Final firmado en 2016, las emisoras de paz tienen la función de difundir contenidos que promuevan la convivencia, la reconciliación y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, asignando espacios de forma equitativa a distintos sectores como víctimas, movimientos sociales, cooperativas de las extintas FARC y el gobierno, garantizando así una programación informativa y cultural con enfoque territorial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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