Más de un mes después de que iniciara el paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño, el comité pro paro decidió suspenderlo, aunque no fuera de forma definitiva.

“No vamos a levantar el paro; se suspende el paro y nos vamos a la casa con el conocimiento de la interpretación tácita de irnos a trabajar”, dijo Saúl Bedoya, vocero del comité, añadiendo que lo que “ha logrado esta protesta, es histórico y trascendental”.

La violencia que alcanzó el paro minero, además de paralizar el noreste del país, conllevó también a que el gobierno de Gustavo Petro suspendiera el cese al fuego con el Clan del Golfo el pasado 19 de marzo. Las manifestaciones, que arrancaron desde el 2 de marzo de este año, eran en rechazo de operaciones de la Fuerza Pública contra la minería ilegal.

En el paro minero, según dijo el propio presidente Petro el pasado 13 de marzo, el Clan del Golfo rompió el cese al fuego porque, en medio de las protestas, hombres, al parecer de esta estructura criminal, atentaron contra el peaje del municipio de Tarazá, le prendieron fuego, y rompieron los tubos de agua potable.

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Por el paro, más de 250.000 personas quedaron confinadas en la zona, lo que obligó a las autoridades a realizar caravanas para garantizar el normal tránsito por la troncal de la costa, proteger la integridad de los transportistas y abastecer a las regiones que estuvieron aisladas.

Durante el paro, el Gobierno tuvo acercamientos con los manifestantes para llegar a acuerdos, los cuales incluyeron buscar rutas para garantizar el trabajo y la seguridad de los mineros de la región. Según el Ejecutivo, “es prioridad la atención de la población que tiene incidencia en la extracción minera en la región”.

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Además, añadieron que “muestra de esto ha sido la presencia continua en los municipios del Bajo Cauca antioqueño desde el inicio de la protesta social, en donde se han realizado mesas de diálogo con la comunidad, con la participación de los ministerios de Minas, Ambiente y del Interior, así como de otras entidades cuya misión es garantizar los derechos de esta población”.

Por otra parte, el jefe de Estado ordenó que se revise la titulación minera de la zona para “determinar quiénes son los tenedores de los derechos mineros y con cuáles cuenta el Estado”. Asimismo, pidió “estudiar alternativas de comercialización del oro, que cuenten con la participación técnica del Estado” y solicitó al Ministerio de Transporte efectuar “una caracterización” de la maquinaria pesada que opera en la región y sus dueños, con miras a una salida social y económica.

También así, el presidente Petro “ordenó la urgente conformación de la mesa técnica que articule la respuesta y oferta institucional que se viene desarrollando para la región para definición de un plan integral”, según el Gobierno.

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