El Ministerio Público determinó que el mandatario de la capital santadereana trató “con irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud” a una persona con quien tiene relación en el servicio público.
El ente de control confirmó que Hernández Suárez no tenía evidencia para asegurar ante varios medios que el funcionario era corrupto y se había apropiado de recursos de la contratación de obras de un municipio.
La Procuraduría consideró que con los señalamientos que hizo el alcalde el 25 de septiembre de 2017 vulneró el derecho a la presunción de inocencia del ciudadano, le causó daños en su salud, vulneró los derechos al debido proceso, y la dignidad humana del subalterno, sin la existencia de una sentencia judicial condenatoria.
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“El disciplinado con su actuación atentó contra la estabilidad emocional del funcionario y la de su familia, lo expuso a amenazas al revelar su número celular ante medios de comunicación y la ciudadanía en una rueda de prensa, e incitó a la población a censurarlo públicamente, para que diera explicaciones de presuntas irregularidades en su conducta sin elementos de juicio, desacreditando su honra y buen nombre”.
El Ministerio Público en fallo de primera instancia calificó la conducta del alcalde Hernández Suárez como faltas graves a título de culpa gravísima, por violación de normas de obligatorio cumplimiento del capital moral de una persona, siendo la máxima autoridad administrativa de la ciudad de Bucaramanga.
Contra la presente decisión el alcalde y su apoderado presentaron recurso de apelación, que será sustentado en la continuación de la audiencia que se hará el próximo 13 de marzo a las 9:00 a.m.
Por su parte, el apoderado del afectado también presentó recurso de apelación ante la decisión proferida, que será resuelta por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.
En enero pasado, Hernández Suárez había regresado a u cargo luego de una suspensión por golpear a un concejal.
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