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En la noche de este sábado 15 de noviembre, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció sobre la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo a las disidencias de las Farc en el municipio de Calamar (Guaviare). La operación, que se desarrolló el pasado lunes 10, estuvo dirigida al grupo ilegal comandado por alias “Iván Mordisco” y en ella murieron, en total, 20 presuntos hombres armados.
El jefe de la cartera de Defensa, que ya fue citado a moción de censura, respondió a las reacciones que generó la confirmación, por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de que siete de los cuerpos recuperados después del bombardeo corresponden a menores de edad: cuatro hombres y tres mujeres. Señaló que el bombardeo se hizo siguiendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“La operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al DIH, respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas”, dijo durante una rueda de prensa, al finalizar el Encuentro Nacional de Seguridad de Asocapitales.
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Agregó: “En aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar del DIH, se valoraron todos los métodos, medios y capacidades disponibles de la fuerza pública para neutralizar esta inminente y grave amenaza, compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate”.
A renglón seguido, el alto funcionario hizo énfasis en lo que ya había dicho esta semana al respecto el comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides: que el bombardeo se hizo ante la inminencia de un ataque a las tropas del Ejército que desde el 7 de noviembre adelantaban operativos en tierra contra las disidencias de “Iván Mordisco”. Según Sánchez Suárez, al menos 20 uniformados estaban en “desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal”.
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“Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la fuerza pública”, dijo el ministro.
Añadió: “De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero —y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare”.
El alto funcionario detalló además que en esa misma operación fueron rescatados tres menores de edad y que se cumplió también con el principio de humanidad dictado por el DIH, pues se brindaron los primeros auxilios a un guerrillero herido y dos más que se sometieron a la justicia fueron evacuados por la tropa desde la zona de los ataques.
Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa señaló que la operación militar en el departamento de Guaviare estaba dirigida, principalmente, contra dos líderes de las disidencias de “Iván Mordisco”: alias “Pescado”, alias “Jimmy Martínez”. Ninguno de ellos fue capturado ni murió en esa operación, pero estarían detrás de actos violentos como los ataques con explosivos contra la vivienda del alcalde de Calamar y el secuestro, asesinato y desaparición de ocho líderes religiosos a inicios de este año.
“Lo que les da el estatus de combatientes no es la edad, es la edad que cumplen dentro de una organización criminal”, dijo el ministro Sánchez Suárez durante una rueda de prensa. Agregó que se seguirán adelantando bombardeos, “en el marco de la Constitución y de la ley”, para atacar la acción de los grupos al margen de la ley.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo fue una de las primeras entidades en señalar que en la operación militar en el departamento de Guaviare sí hubo infracciones al DIH. En la mañana de hoy, la entidad emitió un pronunciamiento rechazando el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las disidencias de las Farc, así como la respuesta armada de las Fuerzas Militares.
“El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, indicó la Defensoría por medio de un comunicado. A renglón seguido señaló que las Fuerzas Militares “deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas y adolescentes que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada”.
Un pronunciamiento que el presidente Gustavo Petro no tardó en responder y al que le salió al paso con una publicación en su cuenta de X en la que justificó la orden de esa operación militar. “Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, dijo el mandatario. Concluyó que ese bombardeo, el séptimo que se adelanta en lo corrido de este año, era la única salida a un posible hostigamiento a la fuerza pública.
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Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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