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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la Sala Penal de Justicia y Paz, le impuso a Salvatore Mancuso una nueva medida de aseguramiento por su responsabilidad en masivos y sistemáticos crímenes cometidos entre 1996 y 2006 en el departamento de Magdalena y Cesar. Esta sería la medida número 32 que se le impone al excomandante por su participación en las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)
La decisión fue tomada el 13 de diciembre e involucra a Mancuso, quien dijo que ha recibido amenazas, y a 12 exparamilitares más. Los hechos habrían ocurrido cuando este era comandante del Bloque Norte de las Auc e involucran presuntos crímenes como homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencias basadas en género y otros crímenes de guerra, los cuales se calcula afectaron a 1.150 personas de dos departamentos de la Costa Caribe.
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El asunto será enviado a la Sala de Conocimiento para que esta realice la legalización de los cargos y emita la sentencia respectiva. Además, la Fiscalía deberá hacer varios ajustes para poder legalizar los cargos. La Sala aclaró que estas medidas son obligatorias para enviar un mensaje a las víctimas de no impunidad, además de que en esta jurisdicción no aplica el vencimiento de términos.
La Sala decidió también decidió imponer medida de aseguramiento contra 12 exparamilitares más, los cuales son Dany Daniel Velásquez Madera; Edmundo de Jesús Guillén Hernández; Efraín Rafael Carbonell Pérez; Ever Mariano Ruiz Pérez; Jairo Alfonso Samper Cantillo; José Gregorio Mangonez Lugo; Jorge Escorcia Orozco; Miguel Ramón Posada Castillo; Nemías Moisés Sandoval Becerra; Sixto Arturo Fuentes Hernández; Walter Enrique Pedraza Cantillo y Yovanis José Acosta Orozco.
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En octubre, la Sala Plena de la Corte Constitucional amparó varios derechos fundamentales del exjefe paramilitar. Este señaló en una tutela que no había ninguna razón para que la justicia colombiana lo mantuviera privado de su libertad, una vez regresara a Colombia desde Estados Unidos, tras pagar su condena por narcotráfico. Esta decisión quedó en manos del Tribunal Superior de Bogotá, quien debe estudiar el caso. Hasta el momento no se han pronunciado sobre esta decisión.
Salvatore Mancuso también fue aceptado por la JEP en noviembre, pues consideraron que sus aportes son novedosos, concretos y suficientes para ganarse un cupo como “bisagra” o punto de conexión entre las Autodefensas Unidas de Colombia y miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, días después anunció que apelará esta decisión. En ese lapso de tiempo, Mancuso habría sido eslabón clave entre el grupo criminal de los hermanos Castaño con importantes mandos militares en algunos departamentos de Colombia.
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