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Las recientes encuestas acercan con escepticismo la candidatura presidencial de Roy Barreras. Pese a la falta de impulso, el exsenador y exembajador en Reino Unido sostiene una confianza férrea en sus posibilidades para superar a Iván Cepeda en la consulta de marzo. Esta contienda, que Barreras define como de centroizquierda y “consulta del Pacto Amplio”, se distancia de las disputas de la llamada consulta uribista, donde, en sus palabras, la estructura partidista y el respaldo del expresidente Álvaro Uribe inclinan la balanza hacia Paloma Valencia. La percepción de que su consulta se ha desinflado por la ausencia de figuras como Clara López o Juan Fernando Cristo se enfrenta a su insistencia en que el duelo con Cepeda será decisivo para definir quién llega a la segunda vuelta presidencial.
Cuestionado sobre la legitimidad y composición de su lista al Congreso, Barreras admite la pluralidad y controversia de sus integrantes. Destacan tanto figuras de asociaciones nacionales, como el presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), hasta personalidades relacionadas con otros sectores políticos y figuras cuestionadas por irregularidades. No obstante, el candidato defiende el proceso ágil de construcción de esta lista, enfatizando en que reunirán el voto de un millón y medio de colombianos, cifra similar a la alcanzada por Cepeda en consultas pasadas. Barreras se distancia de la estigmatización, argumentando que la consulta presidencial pone en el centro la decisión entre dos proyectos de país: el suyo y el de Cepeda.
En cuanto a los retos de la paz y la seguridad, el candidato se muestra crítico frente a la política de “paz total” impulsada por el Gobierno actual. Según Barreras, la estrategia de abrir múltiples frentes de diálogo y ofrecer impunidad a grupos ilegales desde una posición de debilidad ha resultado fallida; a su juicio, los grupos armados han abusado de la buena fe estatal. Señala la necesidad de un Estado fuerte, capaz de garantizar justicia y disuadir la delincuencia, reconociendo los avances sociales del Ejecutivo pero mostrándose inflexible con fórmulas que permitan la impunidad.
La financiación de la campaña emerge como otro eje de cuestionamiento; Barreras especifica que el límite de gastos será de 11.200 millones de pesos, partiendo de créditos bancarios y respaldado por la expectativa de una votación significativa que permita la reposición legal de recursos. Las vallas y estrategias publicitarias, según explica, están sustentadas en contratos transparentes y sujetos a pagos bancarios.
El recorrido personal del candidato, desde taxista y médico hasta sus más de 15 años en el Congreso, funge como argumento sobre su cercanía con la ciudadanía y su resistencia ante la adversidad. Aunque reconoce que la política puede ser ingrata, sostiene que su motivación radica en resolver los problemas del país y unir a una Colombia polarizada. Acerca de los apoyos políticos, asegura contar con respaldo desde el Partido de la U, así como de conservadores y miembros de Cambio Radical, sin desconocer los retos que implica reunir alianzas tan diversas.
Sobre la discusión de una posible Asamblea Constituyente, Barreras descarta la necesidad y urgencia de ese proceso, argumentando que su experiencia y capacidad de diálogo son suficientes para sacar adelante las reformas estructurales necesarias. Resalta la importancia del método: si bien reconoce la buena intención del presidente Petro de sanar heridas sociales y buscar la paz, considera que una gobernanza efectiva exige acciones concertadas con todas las instituciones del país.
¿Qué es la “paz total” y por qué ha sido tan debatida en Colombia?
El término “paz total” hace referencia a la estrategia del Gobierno colombiano de entablar negociaciones o diálogos simultáneos con diferentes actores armados ilegales, con el objetivo de alcanzar un cese generalizado del conflicto. Según lo manifestado por Roy Barreras en la entrevista publicada en El Colombiano, esta política se concibe desde una postura de apertura y buena fe, que ha sido aprovechada por los grupos criminales para obtener beneficios sin asumir compromisos reales. La “paz total” implica, además, la controversial concesión de medidas judiciales flexibles y la creación de múltiples mesas de diálogo.
La discusión en torno a esta política es relevante porque pone a prueba la capacidad del Estado para mantener el orden, la confianza pública y la justicia ante actos ilegales. Barreras sostiene que, lejos de acercar a Colombia a la reconciliación, la implementación ingenua de la “paz total” ha permitido que algunos actores armados extiendan su influencia y actividades delictivas. El debate actual se centra en si estas aproximaciones deben mantenerse o reformularse a fin de evitar la prolongación de la impunidad mientras se persigue el objetivo de paz para el país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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