En las conclusiones del informe, la Contraloría responsabiliza a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) por la crisis en la hidroeléctrica y los incalculables daños sociales y ambientales a más de 25.000 personas de los 14 municipios afectados por la emergencia ocurrida en abril pasado. La empresa y la entidad ya respondieron a los cuestionamientos.
La investigación encontró que hay graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental y en el desarrollo de la construcción del proyecto; además de la falta de estudios detallados para ejecutarlo ni hacer seguimiento a los asuntos técnicos y operativos que garantizaran su éxito.
La Contraloría considera que EPM ocultó información a la autoridad ambiental y avanzó en las obras sin la licencia requerida: “El proyecto que se encuentra en construcción es distinto al licenciado”, puntualizó la entidad y agregó:
“Se encontró el desarrollo de una importante obra dentro del proyecto, construida en más del 90 % sin autorización por la ANLA y en las visitas de seguimiento que esta autoridad debe realizar nunca se percató de ello”.
Para la Contraloría, EPM tomó decisiones sin el sustento técnico suficiente y construyó los túneles de desvío sin compuertas que permitieran el control del cauce del río Cauca, y en vez de eso diseñó un túnel que colapsó y generó la falla del sistema.
Sobre eso, EPM emitió un comunicado en el que aseguró que “varios aspectos relacionados con los hallazgos anunciados por la Contraloría General se encuentran en proceso de investigación”, pero hasta que tengan los resultados de la indagación no profundizará en sus declaraciones sobre el tema.
Entre tanto, la Contraloría criticó la actuación de la ANLA, pues señaló que la autoridad ambiental modificó en 12 ocasiones la licencia y aun así la otorgó pese a no tener estudios ni diseños suficientes y estar en zona de alto riesgo geológico:
“El territorio en donde se ubica es atravesado por más de 11 fallas geológicas reconocidas y además su impacto a nivel poblacional implica afectar la vida, la cultura y la economía de más de 26.000 personas que viven aguas arriba y aguas abajo”.
El ente de control, además, reprochó que los procesos sancionatorios de la ANLA contra EPM por sus incumplimientos en el proyecto pueden prescribir y no se ha emitido una sola sanción. Además, las entidades no han sido claras sobre hasta cuándo las poblaciones aledañas al proyecto estarán en riesgo permanente, pues continúan en albergues “sin poder recuperar sus vidas”, “es incierto su futuro”, y “no tienen definida su situación”.
La ANLA emitió un comunicado para rechazar las acusaciones de la Contraloría en el que aseguró que varias de las aseveraciones del informe de auditoría excedían la competencia de la autoridad ambiental y que fue el Ministerio de Ambiente el que estuvo a cargo de conceder la licencia, pues para el momento de su expedición esa entidad no existía.
Adicionalmente, aseguró que “no es la autoridad competente para conocer los diseños de obra y detalles de la infraestructura de la represa de Hidroituango, ni hace seguimiento a los materiales, bocetos o cronogramas, ya que por disposición legal no le corresponden esas labores”.
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Para la Contraloría, el Ministerio del Interior también cometió errores y permitió que se violara el derecho a la consulta previa, identificación, caracterización y registro de las comunidades indígenas y étnicas de la zona de incidencia del proyecto.
Y también hubo un silencio indebido por quienes conocían el desarrollo de las obras sin contar con la licencia del caso, entre ellos la interventoría contratada por el Ministerio de Minas y Energía.
En el informe de 422 páginas, la Contraloría señaló 35 hallazgos que trasladó a la Procuraduría y la Fiscalía, pues 29 de ellos tendrían consecuencias disciplinarias; 8, penales; y algunos de ambas incidencias.
La entidad liderada por el contralor Edgardo Maya señaló que los hallazgos con presunta connotación penal y disciplinaria son:
– Viabilidad ambiental del proyecto Hidroituango.
– Inicio de obras sin permiso ambiental requerido, modificación licencia ambiental.
– Diseño y construcción túneles de desvío.
– Aprovechamiento forestal y acumulación de material vegetal en el río Cauca
– Acumulación de material de excavación sobre quebradas vía Puerto Valdivia.
– Manuel de valores unitarios y criterios de indemnización y compensación (Ministerio de Minas).
– Cumplimiento del derecho fundamental a la consulta previa (Ministerio del Interior).
– Plan de contingencia PDC Hidroituango.
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