En esta ocasión, la réplica fue liderada por la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus, y estuvo acompañada de Antanas Mockus, Aída Avella, María José Pizarro, Carlos Antonio Lozada, Antonio Sanguino, Jorge Robledo, entre otros.
Estos congresistas representan a la Lista de la Decencia, el movimiento Colombia Humana, Mais, Farc, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde, y todos buscan “la construcción de la paz y la separación de poderes”, que se pone en “grave riesgo” por la decisión de Duque de objetar apartes de la ley estatutaria de la JEP, indicó Goebertus.
Según la representante, también distrae a la ciudadanía de una agenda política nacional para concentrarnos en resolver los problemas del país.
“No es cierto que su decisión no genere un choque de trenes. Las seis objeciones del presidente implican, en la práctica, desacatar una sentencia de la Corte Constitucional. Hoy es la paz y mañana puede ser otro tema, nadie está a salvo si ante la decisión de la Corte el presidente puede tomar la decisión de no acatar”.
También dijo que el Jefe de Estado está “disfrazando de inconveniencia” esos seis temas, pero sin “presenta ninguna razón para justificar los supuestos efectos económicos, sociales o políticos de su implementación, y en cambio se dedica a retomar preguntas jurídicas que una por una ya fueron resueltas en todos los casos por la Corte Constitucional”.
Las réplicas de la oposición fueron presentadas así:
– La Corte Constitucional ya ha señalado que las Farc deberán entregar de manera colectiva los bienes para la reparación de las víctimas y que cualquier beneficio penal estará condicionado a su contribución individual a la reparación de las víctimas.
– La Corte ya ha señalado que en casos excepcionales la JEP puede ajustar la lista de los guerrilleros reconocidos por la oficina del Alto Comisionado para la Paz porque la decisión de Gobierno de acreditar o no, no pueden comprometer las decisiones de la justicia sobre su competencia en cada caso.
– La Corte ya aclaró que la Fiscalía puede continuar investigando y recolectando pruebas hasta tres meses antes de la resolución de conclusiones que debe producir la JEP, con el fin de evitar choques de trenes constantes entre la Fiscalía y la JEP, al tiempo que se avanza en el esclarecimiento de la verdad.
– La Corte ya señaló que en contextos de justicia transicional es fundamental concentrase en investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Lo contrario es pretender el colapso de la JEP porque no se sabría la verdad sobre los crímenes que tuvieron lugar en el conflicto armado.
– La Corte ya advirtió que sí procede la extradición para delitos cometidos después del primero de diciembre de 2016, y que le corresponde justamente a la JEP tener acceso al material probatorio necesario para establecer si tales hechos tuvieron lugar.
– La Corte ya señaló que los actores del Estado y militares que estén contando la verdad ante la JEP no podrán ser extraditados.
Goebertus dijo que las objeciones presentadas por Duque ponen en riesgo la democracia y el Estado Social de Derecho en su conjunto.
Sobre la paz, la representante indicó que esta situación genera incertidumbre entre los excombatientes y “desestabiliza los territorios en los que el proceso de construcción de paz es aún muy frágil”, porque Duque le “apuesta a una política mucho más limitada de la paz”.
Por último, invitó a los partidos independientes para conformar una gran alianza para construir la paz y convocó a una movilización nacional el próximo 18 de marzo para exigirle al Gobierno que cumpla lo acordado y que cada ciudadano muestre acciones concretas por la paz.
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