Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Este artículo fue curado por pulzo   Ene 23, 2026 - 5:46 am
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La problemática de la reparación a las víctimas del conflicto armado en el departamento de Risaralda sigue siendo un asunto crítico y no exento de controversias. De acuerdo con la información proporcionada por Einsehower Zapata, integrante del Comité de Justicia Transicional de Risaralda, cerca del 90% de las aproximadamente 130 mil víctimas que residen actualmente en la región permanecen a la espera de una reparación efectiva por parte de los exmiembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Este panorama evidencia la profunda brecha entre los compromisos asumidos en los acuerdos de paz y su materialización en beneficios concretos para quienes han padecido las consecuencias del conflicto.

Es relevante aclarar que la totalidad de las 130 mil víctimas en Risaralda no son atribuibles al accionar de las Farc. Según datos proporcionados por el mismo comité, se calcula que aproximadamente el 60% de ese universo corresponde a afectados por este grupo insurgente, mientras que el resto han sufrido afectaciones por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, grupos paramilitares) y otras organizaciones armadas ilegales. Esta diferenciación subraya la complejidad del escenario reparativo, dado que la obligación y capacidad de resarcimiento varían según el agente victimario.

Uno de los puntos críticos señalados por Zapata radica en el grado de cumplimiento de las Farc respecto a la entrega de bienes destinados a la reparación. Los excombatientes se comprometieron a entregar una amplia variedad de activos, tales como fincas, dinero en efectivo, oro, así como bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, solo se ha materializado alrededor del 10% de lo prometido, lo que mantiene a la mayoría de las víctimas a la espera de justicia material.

A pesar de las limitaciones en la reparación directa, se reconoce que cerca de 12 mil víctimas han recibido algún tipo de ayuda humanitaria o emergencia, aunque estas provienen de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y no de los bienes entregados por las Farc. Esto evidencia que, si bien se han implementado mecanismos de apoyo temporal, la deuda histórica persiste y la promesa de la justicia restaurativa queda en entredicho para miles de personas en Risaralda.

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El panorama nacional agrava aún más esta realidad local. De las más de 700 fincas que, a nivel país, los exmiembros de las Farc aseguraron poner a disposición de las víctimas, apenas una ha sido efectivamente entregada. Este cumplimiento marginal resalta la distancia entre los anuncios oficiales y la experiencia real de quienes han sido afectados por décadas de conflicto armado.

La magnitud del desafío es abrumadora: reparar integralmente a más de 9 millones de víctimas del conflicto armado a nivel nacional demandaría, según estimaciones de Einsehower Zapata, unos 320 billones de pesos. Estas cifras reflejan un problema estructural de enormes proporciones y ponen en evidencia la urgencia de revisar y fortalecer los mecanismos de reparación, transparencia y seguimiento para que la promesa de paz y justicia no siga diluyéndose en los informes y las estadísticas oficiales.

¿Cuáles son los desafíos principales a los que se enfrenta la reparación de las víctimas en departamentos como Risaralda?

Este interrogante se hace especialmente relevante en contextos donde la promesa de reparación no ha ido más allá de los compromisos sobre el papel. En departamentos receptores de víctimas como Risaralda, el reto no es solo económico, sino también institucional y social. La persistente falta de cumplimiento por parte de los excombatientes, así como la limitada capacidad estatal para gestionar y materializar las indemnizaciones y restituciones, deja en situación de vulnerabilidad a cientos de miles de personas.

Comprender estos desafíos es fundamental para quienes buscan evaluar la verdadera eficacia del proceso de paz en Colombia y la manera en que las reparaciones contribuyen, o no, a la reconciliación nacional y el restablecimiento de los derechos de las víctimas.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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