Los acuerdos se lograron entre Transmilenio, los operadores de los buses zonales, y bajo la lupa de la Procuraduría General; y, según la Alcaldía de Bogotá, permitirán recuperar al sistema de la delicada situación financiera que atraviesan.
El anuncio promete mejorar el servicio a través de la calidad del servicio, y tener más regularidad de los intervalos, satisfacción de los usuarios, mejoras a la flota y medidas contra la evasión del pago.
Por esto, el alcalde Enrique Peñalosa señaló:
“Estuvimos a punto de quedarnos sin transporte público en la ciudad. Hoy logramos que se desactive esa bomba atómica, en los próximos meses mejorará el servicio”.
El Distrito aseguró que los buses pasarán más seguido y los operadores podrán solucionar la falta de buses y superar las dificultades para la compra de repuestos. Además, las rutas obedecerán a una programación y a despachos regulados.
Para ello, “los concesionarios deberán reestructurar las condiciones financieras de los actuales contratos de crédito con sus acreedores y conseguir nuevos créditos u otras garantías; los concesionarios deben reducir sus costos operacionales y en conjunto con el Distrito cumplir las medidas pactadas”.
La Alcaldía espera que “al prestarse un mejor servicio, un mayor número de usuarios utilizarán el sistema, generándose más ingresos que a su vez permitirán cumplir los compromisos de renovación de flota y chatarrización”.
“Hoy existen alrededor de 5.200 vehículos (de los 15.600) que faltan por migrar al SITP. La mayoría de estos prestan servicio en el SITP Provisional y aproximadamente el 41 % corresponden a vehículos que se presentaron en la propuesta de COOBUS S.A.S. y EGOBUS S.A.S., lo que equivale a una afectación de aproximadamente 2.000 propietarios que esperan a que los concesionarios cumplan con lo planteado en la licitación”, puntualizó el Distrito.
El Distrito también explicó que por primera vez los concesionarios tendrán que hacer frente al tema de la evasión:
“Con el objetivo de frenar la problemática de los colados en el Sistema, los concesionarios tendrán como plazo máximo de implementación de medidas antievasión en la flota existente, el 31 de diciembre del 2021. También se establecen condiciones para que los operadores aporten en el control a la venta ilegal de pasajes por uso indebido de los trasbordos en el SITP”.
Así mismo, siempre se deberán garantizar los derechos laborales de los conductores, conforme a la legislación colombiana.
Esta fue la explicación de Peñalosa:
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