Quitar “funciones militares”, limitar uso de fuerza y más cambios que tendría la Policía

Eliminar la jerarquía militar, limitar la figura de “traslado por protección” y asegurar que alcaldes y gobernadores tengan un mando real sobre las direcciones de Policía de sus municipios y departamentos.

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Estas son algunas de las propuestas de un pliego que presentan este jueves más de 20 organizaciones de derechos humanos con los mínimos que, para ellas, debería tener una reforma a la Policía, que el gobierno de Gustavo Petro ha prometido.

Las ideas van desde algunas muy sonadas, como sacar la institución del Ministerio de Defensa, a otras novedosas, como crear una Comisión Ciudadana Permanente que le haga seguimiento a los uniformados y exija transparencia.

“Uno de los objetivos de la desmilitarización es acabar con esa lógica de guerra de ciertos escenarios, como el escenario de protesta, donde estas dinámicas de enemigo interno, además mediada por prejuicios raciales, de género, hacen que el tratamiento de la policía hacia la ciudadanía se degrade”, explicó en entrevista con este diario Eliana Alcala de Avila, abogada ILEX Acción Jurídica, organización que aboga por la protección de las personas afrodescendientes. Junto a más de 20 organizaciones y con el apoyo de Amnistía Internacional, construyeron el pliego que presentan este jueves.

Su propuesta se divide en seis puntos: desmilitarizar la Policía, modificar su estructura general y funciones; reformar el régimen de ingreso, carrera y ascenso; limitar el uso de la fuerza, instalar mecanismos de control a la actividad policial y veeduría ciudadana; y garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de violencia policial.

Para Julián González, coordinador de incidencia de la Comisión Colombiana de Juristas, que también participó de la construcción del pliego, se trata de devolverle a la institución el lugar que le da la Constitución de 1991.

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“En Colombia, gracias al conflicto armado, la Policía cumplió funciones militares combatiendo a las guerrillas y eso transformó la institución. Entonces, como hemos vivido en ese estado alterado, ese estado de cosas que no es el diseñado, lo que estamos pidiendo nosotros en últimas no es sino la vigencia de la Constitución del 91″, explicó González sobre la propuesta de desmilitarizar la entidad. El documento sugiere que una medida para hacerlo sería ratificar el mando civil. Por ejemplo, que los alcaldes y gobernadores tengan un poder efectivo sobre los comandantes de Policía de sus territorios.

Otra manera de lograrlo, explican, es transformando los indicadores. No medir a la institución por confrontaciones, bajas en combate, incautaciones. “Sus indicadores tienen que estar en el modelo de gestión del conflicto ciudadano, es decir, tienen que estar en la capacidad de llegar a un conflicto que afecta a la paz de una comunidad y poderlo gestionar de forma exitosa. No necesariamente tiene que ser eso a través de cárcel, de castigo específico, sino otra vez, gestión del conocimiento”, agrega González, no sin antes aclarar que para que esto sea realidad la Policía debe cambiar de doctrina.

Para las organizaciones firmantes, entre las que también están Dejusticia, Raza e Igualdad, Nomadec, y otras más, es crucial que el uso de la fuerza se ajuste a los estándares de derechos humanos, a la vez que debe haber más transparencia sobre la actividad de esta institución.

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Alcala lo explica así: “tenemos un gran vacío de que no sabemos cuáles son los protocolos que rigen a la actividad policial de manera específica, y eso deja como un amplio margen de discrecionalidad y un amplio margen de arbitrariedad que da paso al uso excesivo de la fuerza, que es lo que pasa con el traslado por protección”.

La abogada se refiere a la forma de detención administrativa que avala el Código de Policía y que permite que una persona sea retenida por hasta 24 horas si el agente considera que está alterada. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU han alertado por el posible uso indiscriminado de esta figura, sobre todo en contextos de protesta. Para González, este es un ejemplo de cómo los jueces y los tratados internacionales son claros en poner límites, pero “el gran problema es que la policía hace lo que le da un poco la gana”.

De allí que el pliego insiste con vehemencia en la necesidad de que la sociedad civil tenga más acceso a los procesos de la Policía. Por ejemplo, proponen crear una comisión pública ciudadana de carácter permanente para el seguimiento de la actividad policial.

En palabras de Alcala, “es la posibilidad de que las organizaciones de de víctimas, expertos, académicos, puedan tener conversaciones con la Policía en temas como la formación, la revisión de protocolos, la rendición de cuentas, las veedurías. Es hacer que la sociedad civil haga parte de cada uno de los procesos y que puedan ser verificados para la garantía de los derechos humanos”.

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También consideran que hay mucho por hacer en el proceso de incorporación. Para Alcala, frente las violencias que sistemáticamente ejerce la Policía contra algunos grupos sociales, “es válido preguntarse ¿no debemos transformar también los estándares de incorporación de la policía? ¿No debemos tener unas evaluaciones previas de formación?

Tener la capacidad de determinar cuáles son esos valores que van a identificar a una persona que va a ser miembro de este cuerpo, que es tan importante y que al final tiene mucho poder”.

Estas y otras propuestas, como quitarles el fuero penal militar a los agentes de la Policía, crear una unidad en la Fiscalía dedicada a investigar la violencia policial, reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados, hacen parte del pliego que presentan este jueves, bajo la coordinación de Amnistía Internacional. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, las más de 20 organizaciones que firmaron la propuesta harán un encuentro para entregarle el documento al gobierno de Gustavo Petro.