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El reciente encuentro convocado por el Ministerio de Agricultura de Colombia ha significado un avance fundamental en la construcción participativa de la Reforma Agraria, dando voz a múltiples sectores tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones. Con la presencia de campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, el proceso busca que las diversas regiones del país puedan nutrir directamente el contenido del Plan Decenal de Reforma Agraria, cuyo lanzamiento está previsto para 2026 en la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Cartagena +20). Este diálogo multilateral ha tenido como propósito central abordar retos históricos y estructurales, como el acceso a tierras, la transformación sostenible del campo, la inclusión de las mujeres rurales y el derecho humano a la alimentación, según detalló el Ministerio y recogieron fuentes oficiales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
José Luis Quiroga, viceministro encargado de Desarrollo Rural, enfatizó que la construcción de la reforma responde a una demanda de larga data relacionada con la tenencia desigual de la tierra. De acuerdo con el IGAC, cerca del 1% de los poseedores concentra casi el 60% de la superficie rural productiva, lo que ilustra la profundidad de la exclusión agraria y la necesidad de implementar estrategias descentralizadas y culturalmente diversas. Reconocer la pluralidad territorial, aportando desde cada región, pretende enfrentar los orígenes del conflicto armado y generar condiciones para la equidad social en el campo colombiano.
Un aspecto central en el proceso, y resaltado de forma destacada en el encuentro, es el liderazgo de las mujeres rurales. Elisabed Villa Carmona, campesina de Pácora (Caldas), señaló la urgencia de reconocer que la “Reforma Agraria tendrá rostro y voz de mujeres rurales”. Esta dimensión encuentra respaldo en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que señalan que aunque las mujeres representan un 43% de la mano de obra agrícola en la región, aún existen barreras para acceder a recursos, crédito y procesos decisorios. Incluir la perspectiva de género se vislumbra como un paso adelante hacia la equidad y la mejora en la productividad del sector.
El contexto internacional también enmarca este proceso reformador. Países de América Latina han realizado esfuerzos similares, pero la experiencia muestra que los cambios solo llegan a ser efectivos cuando se diseñan mecanismos participativos, consultas territoriales y reconocimiento efectivo de las diversidades culturales, como sugiere la FAO. Por esto, el Ministerio ha delineado una agenda de encuentros regionales —en el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía y la región Insular— para captar los aportes propios de cada territorio y así fortalecer la pertinencia de las políticas que se adopten.
El compromiso del Ministerio de Agricultura con el Plan Nacional de Desarrollo prevé transformar estas apuestas en acciones concretas y medibles. Tanto expertos como organizaciones sociales han indicado que el éxito dependerá no solo del marco normativo sino también de la dotación presupuestal y, sobre todo, de que existan procedimientos claros para el seguimiento y la participación directa de las comunidades en todas las etapas. Así, el encuentro marca un hito en la búsqueda de una política agraria genuinamente justa, sostenible y adaptada a las necesidades de las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes del país.
¿Por qué la desigualdad en la tenencia de la tierra es un problema central en Colombia? La concentración de la propiedad rural en unas pocas manos ha sido un factor decisivo en la perpetuación de conflictos y desigualdades sociales en Colombia, como lo destaca el IGAC. Este patrón ha limitado el acceso de comunidades campesinas e indígenas a recursos productivos, impactando el desarrollo económico y la cohesión social en vastas zonas rurales. De ahí que la distribución equilibrada de la tierra se considere pilar fundamental para una paz sostenible y para la superación de la exclusión histórica en las regiones agrícolas.
¿Cuáles son los principales desafíos para garantizar la verdadera participación de mujeres rurales en la Reforma Agraria? Aunque la inclusión de las mujeres ha sido reconocida como una prioridad, persisten importantes obstáculos como el acceso limitado a la información, escasa representación en espacios de decisión y dificultades para adquirir derechos de propiedad. Como afirma la FAO, superar estas barreras es esencial para fortalecer la equidad de género y el bienestar rural. Lograr una participación efectiva demanda políticas específicas, recursos adecuados y la garantía de que todas las voces femeninas —incluyendo jóvenes y lideresas indigenous— sean tomadas en cuenta en el diseño y seguimiento de la reforma.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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