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La reactivación de la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como “Calarcá”, jefe de una de las principales disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representa un punto de tensión crítica en la política de seguridad del país. Tanto las Fuerzas Militares como la Fiscalía permanecen a la espera de que el presidente Gustavo Petro firme el decreto que habilite nuevamente esta orden judicial. Desde que se suspendió bajo el argumento de facilitar diálogos de paz, las operaciones en su contra se encuentran paralizadas y, según reportes oficiales, eso ha permitido que la estructura a su mando se expanda y consolide su poder en varios territorios del país.
La situación tiene consecuencias directas en la vida de las comunidades afectadas. En Caquetá, se conoció la dramática historia de una familia que optó por ocultar a sus seis hijos en la selva, para evitar que fueran reclutados por la disidencia de “Calarcá”. El hostigamiento no se limita a este tipo de tragedias familiares. Campesinos de Guaviare han denunciado la imposición de toques de queda y restricciones severas para transportar sus productos, casi paralizando la economía local, según reportes entregados por autoridades regionales.
La estructura bajo mando de “Calarcá” ha crecido significativamente desde la suspensión de la persecución legal, alineándose con los periodos de cese al fuego promovidos por el Gobierno Nacional. De acuerdo con datos de las Fuerzas Militares, antes del gobierno Petro las filas de esta disidencia sumaban alrededor de 1.400 integrantes, cifra que ahora se estima ha aumentado hasta los 3.000. Este fortalecimiento ha ido acompañado de una expansión territorial, consolidando su presencia en departamentos como Caquetá, Guaviare, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Magdalena Medio. También se han encendido alertas por posibles incursiones en Huila y Tolima.
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, alertó sobre más de 100 reportes remitidos en lo que va de 2025 relativos a presuntas acciones criminales de estas disidencias—extorsión, secuestros y control territorial—sin que el Gobierno Nacional haya dado una respuesta efectiva. Autoridades han documentado presiones directas sobre la población civil, amenazas y desplazamientos forzados como instrumentos de sometimiento en municipios estratégicos como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia.
En este contexto, la llamada “Paz total”—propuesta estelar de la actual administración—entra en crisis. Mientras continúan las conversaciones en la mesa, la disidencia sigue creciendo y perpetrando delitos. Así lo reconoció la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien anunció que la oficina del comisionado de paz y la Fiscalía analizarán los reiterados incumplimientos atribuidos a alias Calarcá. De ese análisis dependerá si se pide nuevamente su captura. Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez afirmó estar a favor de que se capture al jefe disidente, aunque recalcó que la decisión final recae en la firma del presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Esto ha suscitado un debate nacional, pues para expertos tal medida implicaría un reconocimiento tácito de que la política de “Paz total” ha fallado en uno de sus pilares: contener y desarmar a las estructuras armadas ilegales. La decisión del presidente Petro, hasta ahora aplazada, se ha convertido en el centro de una controversia sobre los alcances y limitaciones de su estrategia de paz.
¿Qué significa "Paz total"?
El concepto de “Paz total” es central en la política actual, pero su significado concreto puede no ser evidente para toda la población. Se trata de una apuesta gubernamental por abrir diálogos simultáneos con diferentes grupos armados ilegales, buscando acuerdos que trasciendan los pactos tradicionales. La idea es lograr un desarme colectivo, justicia y garantías de no repetición en todo el país. Sin embargo, la falta de resultados tangibles en la desarticulación de las disidencias ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad y efectividad de este enfoque, más aún cuando las estructuras armadas muestran señales claras de fortalecimiento y expansión, incluso durante los periodos en los que deberían acatar un cese de hostilidades.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Qué se sabe de la participación de Petro en una película
El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.
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