El atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá, desató un debate nacional sobre el uso de redes sociales para incitar al odio político proveniente desde todas las corrientes políticas del país.
(Vea también: Plan de atentado contra MIguel Uribe habría tenido fallo: “Piensan que sería asesinado”)
El ataque, ejecutado por un menor de 15 años, reavivó la discusión sobre el discurso violento en espacios digitales y las repercusiones que esos tienen no solo entre las personalidades políticas, sino entre quienes están consumiendo esos contenidos detrás de las pantallas y que también terminan lanzando fuertes acusaciones e insultos contra quienes no piensen de la misma manera.
Como respuesta a ello, desde el Congreso de la República surgió una propuesta legislativa liderada por la representante Lina María Garrido, quien presentó la denominada Ley Miguel Uribe. Esta iniciativa busca sancionar penalmente el uso irresponsable de redes sociales para promover violencia o discursos de odio con motivación política.
En su intervención en el Congreso, Garrido enfatizó que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La representante propuso que quienes inciten al odio político desde plataformas digitales puedan enfrentar penas de cárcel, inhabilidades para contratar con el Estado y restricciones para administrar redes sociales durante el tiempo de la sanción.
Cómo sería la Ley Miguel Uribe Turbay
La congresista hizo énfasis en los casos de ‘influenciadores’ contratados por entidades públicas, pese a su historial de incitación al odio en redes sociales. Por eso, planteó que las sanciones incluyan una inhabilidad directa para celebrar contratos estatales si se demuestra responsabilidad en este tipo de discursos.
Además, detalló que la propuesta se dirige especialmente a políticos, funcionarios públicos y cuentas con gran número de seguidores, dado su alto nivel de influencia. Garrido advirtió que lo ocurrido con Miguel Uribe “no fue casualidad”, sino una consecuencia directa del ambiente hostil que se propaga en redes sin consecuencias reales.
A la par de esta propuesta, la representante liberal Piedad Correal anunció otra iniciativa que también busca frenar la violencia. Correal planea radicar el próximo 20 de julio un proyecto que permita juzgar a menores de entre 14 y 17 años como adultos si cometen delitos graves como homicidio, terrorismo o abuso.
Esta idea se presentó luego de confirmarse que el atacante de Miguel Uribe era un adolescente. Según explicó Correal, la actual legislación permite que grupos criminales utilicen a menores como autores materiales, confiados en que las penas no serán proporcionales a la gravedad de los actos.
Ambas propuestas se suman al debate que mezcla política, justicia penal y redes sociales, y que toma fuerza mientras el senador Uribe sigue hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro en el que los médicos dieron la noticia esperanzadora de que el precandidato presidencial mostró una leve mejoría en las últimas horas, superando el umbral de las 72 horas más complejas tras recibir dos disparos en su cabeza.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
