El caso de Jaime Esteban Moreno avanza con la negativa de Juan Carlos Suárez Ortiz a aceptar los cargos por el asesinato agravado del estudiante de Los Andes el pasado 31 de octubre por parte del Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá.
Este caso representa un capítulo más en la intrincada red del sistema judicial colombiano, donde estrategias legales y negociaciones con la Fiscalía pueden cambiar el panorama de los acusados. Al respecto, abogados penalistas consultados por El Tiempo explican que negar los cargos en este punto no significa necesariamente que Suárez Ortiz esté dispuesto a pasar por un juicio.
“Al no aceptar cargos, Juan Carlos Suárez tiene la posibilidad de hacer una negociación con la Fiscalía que le pueda reportar mejores beneficios jurídicos, es decir, mayores descuentos en la imposición de la pena. Seguramente esa es la estrategia, porque apenas en la imputación se le comunican los cargos, pero solo en la acusación la Fiscalía descubre todo el material probatorio”, indicó Saúl León, abogado penalista, en el citado medio.
Al no aceptar los cargos en la etapa de imputación, Suárez Ortiz tiene ahora la posibilidad de negociar con la Fiscalía sobre posibles beneficios, como reducciones en su pena, según explicó el abogado penalista Saúl León, quien aclaró en el impreso: “El material probatorio detallado solo se revela en la etapa de acusación, lo que permitirá al procesado, junto a su defensa, analizar mejor su responsabilidad y decidir si busca un preacuerdo para reducir la pena”.
Además, dentro de su estrategia legal, la defensa podría intentar cambiar la calificación del delito. Si logran convencer a las autoridades de que se trató de un homicidio preterintencional y no agravado, esto podría implicar una reducción significativa en la pena. En la ley penal colombiana, este tipo de homicidio implica la intención de causar daño, pero no de matar, por lo que la pena podría disminuir de 40 a 50 años a 15 o 18, de acuerdo con el citado portal.
Fabio Humar, otro abogado penalista consultado, sostiene que la negativa a aceptar cargos es una decisión legítima y parte del derecho de defensa del acusado. “Esto podría buscar una condena más favorable e incluso negociar la terminación anticipada del proceso” (Información recogida por los autores del documento).
Pese a esta negativa y a las posibles negociaciones que pueda haber, para la Fiscalía el proceso sigue en marcha y se espera que solicite una medida de aseguramiento en contra de Suárez Ortiz en la próxima audiencia.
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