Desde la campaña, Gustavo Petro y su coalición, el Pacto Histórico, sabían que el futuro de su agenda dependía de cuántos escaños sacaban en el Congreso. Por eso, desde antes de las elecciones de marzo se venía insistiendo a sus seguidores que debían sacar la mayor cantidad de congresistas posibles, o los proyectos no iban a tener trámite en el Congreso.
Al final, la bancada de Gustavo Petro fue la más amplia en la sumatoria de ambas corporaciones: 48 en contra de 46 de los liberales y 40 de los conservadores. Sin embargo, aún sumando los resultados de los partidos y movimientos de centro, no fue suficiente para llegar a considerar que tenían las mayorías, por lo que tuvieron que tender puentes con los partidos tradicionales, en los que no solo estaban los dos partidos históricos sino la U.
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Esta acción la denominaron el frente amplio y le terminó dando réditos. En el papel, organizaron la bancada más grande que un presidente en la historia reciente jamás tuvo. Ni la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos ni el gobierno Uribe alcanzaron tales mayorías. Sin entrar a ahondar la posición de cada uno de los congresistas, la sumatoria de la bancada de gobierno llegó hasta los 219 congresistas (79 en Senado y 140 en Cámara).
Los números, sorprendentes por si solos, se sintieron de inmediato en temas como la aprobación del Acuerdo de Escazú. La ratificación del proyecto no había pasado de la Comisión Segunda y la llegada de la nueva administración destrabó el trámite e hizo que tuviese éxito en sus cuatro debates.
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Hubo otros casos en los que hubo pugnas, pero al final se terminó imponiendo el criterio de gobierno. Es el caso de la elección de contralor general. Mientras que los partidos tradicionales tenían su candidata, María Fernanda Rangel, el Ejecutivo puso sus fichas en Carlos Hernán Rodríguez. Al final, a pesar de que Rangel tenía los votos inicialmente, el Gobierno le dobló el brazo a los tradicionales de su bancada y logró sacar adelante la elección de Rodríguez.
Todo parecía indicar que el gobierno iba a tener una aplanadora para sacar su agenda, pero esto no ha ocurrido. Las principales iniciativas gubernamentales, o que cuentan con su guiño, han tenido un trámite complejo y lleno de controversias. Algunas incluso se han hundido, otras han cambiado de una forma abismal frente a la propuesta que era del gusto del Ejecutivo. Tan solo basta mirar la reforma tributaria o la reforma política. También está el ejemplo de la “paz total” y las controversias que enfrentó.
Para el politólogo y profesor Yann Basset, este tema es completamente normal: “no hemos dimensionado que esto es un gobierno de coalición”. Para el académico, el tema no solo pasa por ser una coalición, sino que es una en la que en su seno confluyen visiones de país muy dispares: “Lo novedoso no es la coalición sino la diversidad. Es un proyecto reformista de izquierda que se unió a tradicionales, que no son reformistas. Obligatoriamente hay negociaciones dentro de la coalición, la tributaria es un ejemplo”.
En un sentido similar, el profesor Juan Federico Pino, profesor de FLACSO Ecuador, expresó que no se está teniendo en cuenta que en los regímenes democráticos obligatoriamente se deben hacer coaliciones de gobierno y que en este caso, el colombiano, el tema pasa por la necesidad de hacerse con el favor de los tradicionales, que ya no tienen el impacto de antaño, pero que siguen marcando la pauta en la vida política del país.
En este sentido, Pino señaló que “los partidos tradicionales siempre han mantenido una figuración para que el sistema se mueva o se estanque. Son los que marcan hasta dónde llega las reformas. El rol de los partidos tradicionales juega con los intereses no muy presentes -más corporativos- y que no necesariamente son sociales”.
El académico continuó su punto diciendo que esta coalición con los tradicionales le está dando gobernabilidad a Gustavo Petro, pero el mismo tiempo le está marcando hasta dónde puede llegar “al ser tan cruciales”. Esto se vería agravado, según Pino, por la situación económica del país y de la región: “Otros mandatarios progresistas ha logrado zafarse del control legislativo en tiempo de abundancia, pero el problema es que Petro no está con una condición de prosperidad. Mientras más aumente la crisis y haya incapacidad del gobierno, eso va a frenar su capacidad de negociación de los partidos”.
Ante ese choque entre agenda de gobierno y el enfoque de los tradicionales de su bancada, el profesor Basset hizo la sugerencia de que el Ejecutivo escoja muy bien los temas a los que quiera darle prelación y a estos jugarle. “En su agenda de muchísimas reformas hay que elegir sus batallas. Tiene que negociar de una forma más eficiente para que obtenga las cosas que considere indispensable. Hacer concesiones sobre los demás”, concluyó el académico de la Universidad del Rosario.
Contrario a los dos académicos, la profesora Nadia Pérez, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, expresó que lo que está ocurriendo es completamente normal y que no tiene que ver tanto con las diferencias ideológicas en la coalición de gobierno: “Es normal que en el trámite legislativo que se transformen los proyectos, es normal en las negociaciones se den”.
Pérez expresó que el clima que actualmente hay, sobre todo con temas como la tributaria, se han venido dando es por un error en comunicaciones del gobierno Petro. “El problema radica en las altas expectativas del gobierno por ese mensaje grandilocuente de que vamos a cambiarlo todo. Es normal que los cambios en los proyectos ocurran, pero se ven como grandes fracasos por los problemas de comunicación del gobierno”, señaló la profesora.
Nadia Pérez complementó su posición al decir que es claro que se debe moderar los proyectos, para “eso existe el Congreso”. No obstante, sí reconoció que hay proyectos, como las reformas tributaria y política que han desnudado “una baja capacidad de manejar la agenda legislativa desde el gobierno”. En este sentido también llamó la atención sobre los proyectos que el gobierno tenía interés y que se hundieron porque varios miembros de su bancada más cercana, el Pacto Histórico, no han estado en el Congreso para las votaciones, pasó tanto con el punto del servicio social para la paz, en la ley de “paz total”, como en el proyecto que buscaba acabar con las corridas de toro en el país.
Más allá de las visiones que indican los expertos, la realidad en el trámite de los proyectos muestra la mano de los tradicionales en las propuestas de gobierno. Los proyectos que el Ejecutivo ha llevado como su bandera han sido moderados en sus efectos e incluso han cambiado totalmente su enfoque. Por eso, solo es necesario darle una mirada para ver las grandes modificaciones que han sufrido en su paso por el Legislativo:
Reforma política
La reforma política es el proyecto que más ha dejado ver la acción de los tradicionales en el texto que está siendo tramitado. El borrador que presentó inicialmente el Ministerio del Interior incluía temas como la reforma al Consejo Nacional Electoral (CNE), financiación 100 % estatal, listas cerradas obligatorias y permanentes, entre otros temas. Sin embargo, el trámite en el Senado le fue quitando buena parte de los temas importantes.
La reforma al CNE se cayó incluso antes de radicarse el texto final. Por otro lado, la financiación completamente estatal pasó nuevamente a un sistema mixto, aunque se estableció que serán los partidos serán los que manejen los recursos y repartan lo dado por el gobierno y lo que llegue por donaciones de privados. Asimismo, las listas cerradas se mantuvieron, pero se estableció que solo sería por dos periodos y después se volverían a abrir las listas.
Además de quitarle efecto a los principales puntos que buscaba el gobierno, también se introdujeron puntos bastante polémicos que lo único que harían es beneficiar a los políticos. Por ejemplo, el proyecto mantiene un punto polémico que acaba con el régimen de incompatibilidades de los congresistas para que de inmediato puedan ser ministros sin esperar un año a su renuncia. De forma similar, desde el Centro Democrático se impulsó un artículo que acaba con el conflicto de intereses por financiación, puesto que supuestamente sin financiación directa de privados no hay “conflicto de intereses” a favor de los donantes.
Reforma al CNE
El gobierno retiró los artículos de la reforma al CNE de su reforma política con la excusa de que se estaba tramitando otro proyecto con esas intenciones. La iniciativa era de la autoría de Humberto de la Calle y Ariel Ávila y buscaba reformar el tribunal electoral. En un primer orden, intentaron acabar con la influencia del Congreso en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, intentaron crear realmente una corte electoral que asumiera las competencias del CNE y de la Sección Quinta del Consejo de Estado. No obstante, luego de la oposición del Consejo de Estado y del CNE, se intentó modular el proyecto. Sin embargo, aún así se hundió la propuesta. Los partidos de izquierda se quedaron esperando el apoyo de la coalición de gobierno.
Ley de “paz total”
La “paz total” es una de las iniciativas bandera de este gobierno y para ella se necesitaba aumentar la vigencia de la ley 418 de 1997, más conocida como ley de orden público. Además de extender la vigencia, el Ejecutivo intentó introducir varias reformas para ajustarla más a las propuestas de Gustavo Petro. Entre los puntos que se intentó sacar adelante fue un indulto a los que cometieron delitos en el marco de la protesta social. También hubo un apartado en el que se intentó darle poderes extraordinarios al presidente para fijar la política de sometimiento a la justicia, ante el afán de que algunos grupos violentos ya quieren deponer las armas.
Sin embargo, los puntos eran polémicos y bastante cuestionables, por lo que los tradicionales del gobierno señalaron que no apoyarían el proyecto de paz total si se mantenían estos puntos. Al final, el gobierno tuvo que recular y quitar los puntos polémicos. También se vio la mano de los tradicionales en cuanto al punto que buscaba crear el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar. Este punto no contó con el apoyo de dichos partidos en el Senado y se hundió. Solo fue revivido debido a que en Cámara se consideraba como un punto esencial que era necesario mantener.
Reforma tributaria
La reforma tributaria ha sido uno de los proyectos en los que más se ha visto la mano de los partidos tradicionales para ajustarla. En un principio, la propuesta buscaba recoger $25 billones del contribuyente. Sin embargo, ante tantos recortes que se le han hecho, la cifra ha ido bajando hasta los $20 billones.
Buena parte de ese cambio vino debido a que los partidos tradicionales pusieron en jaque al Ejecutivo y pusieron en duda su apoyo si no moderaba algunos puntos del texto. Entre esos puntos que fueron modificados está la propuesta de gravar las pensiones superiores a los 10 millones de pesos. La presión de estos sectores logró que se eliminara dicho impuesto.
También se moduló otros impuestos como al patrimonio, que se planteó inicialmente como del 1% a los patrimonios que superaran los 3.000 millones de pesos. Sin embargo, se ajustó para una nueva tasa que es del 0,5 % a los patrimonios entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, 1,0 % a los que tengan un patrimonio entre 5.000 y 10.000 millones de pesos y 1,5% a los que su patrimonio supere los 10.000 millones de pesos. Además, se retiró lo permanente y será solo por cuatro años.
La acción moduladora también cambió el impacto de los impuestos a los hidrocarburos, las ganancias ocasionales, al sistema financiaron, los impuestos saludables y a las zonas francas. La negociación le quitó impacto o duración a los gravámenes propuestos por el gobierno y limitó el monto a recaudar.
Ley para acabar con las corridas de toros
Este proyecto tampoco era de gobierno, como el de la reforma al CNE, pero el Ejecutivo había expresado su interés en apoyarlo, sobre todo en su apoyo a las bancadas animalistas. La iniciativa había tenido un trámite inicial positivo. Sin embargo, se hundió este martes. La gran responsabilidad se le achacó a la bancada de izquierda, que tuvo hasta siete miembros sin votar la iniciativa. No obstante, los otros sectores del gobierno tampoco tuvieron tanto interés en el proyecto, que buscaba prohibir las corridas de toros y otros espectáculos en los que se lastiman a los animales.
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