Luego de siete horas de discusión, el Congreso de la República le dio luz verde a la denominada  “paz total” propuesta por Gustavo Petro. Se trata de la Ley 418, también llamada como Ley de Orden Público, la cual fue creada en 1997 y debe ser prolongada para que el Gobierno negocie con grupos armados ilegales.

La iniciativa, entre otras cosas, faculta al Gobierno Nacional a adelantar diálogos de paz con grupos al margen de la ley que tengan estatus político, como el Eln, así como tener acercamientos para el sometimiento de estructuras de crimen organizado.

(Lea también: Qué es el marco fiscal en Colombia y por qué Petro lo quiere modificar para la “paz total”)

Lee También

De qué trata la “paz total” de Petro

A rasgos generales, lo que busca el Gobierno es que el Estado, en su conjunto, quede comprometido a trabajar por el cumplimiento de los acuerdos de paz a los que se llegue en cualquier administración, no solo esta.

1) Convertir en política de Estado la política de paz, dando carácter vinculante para que no sean interrumpidos.

2) Propone vincularlos a los planes de desarrollo de los territorios, a los planes de sustitución de cultivos y a los planes nacionales sectoriales.

3) Incorpora el concepto de “seguridad humana” como camino para la paz total.

4) Hace apertura a la generación de acuerdos parciales y totales con los diferentes actores del conflicto.

5) Propone un trabajo conjunto entre los ministerios del Gobierno para hacer de manera íntegra la implementación de una paz duradera.

Desde la oposición han emitido duros cuestionamientos contra el proyecto. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, comentó que, por ejemplo, el Eln no puede recibir un tratamiento como grupo político. “Deben ser tratados como delincuentes”, señaló.

Y expresó su molestia sobre eventuales negociaciones con las disidencias de las Farc: “Es una burla con los miembros de las Farc que sí cumplieron el acuerdo y contra los colombianos. Firmaron e incumplieron y ahora vuelven a recibir todos los beneficios”.