En su concepto, “las reglas de juego son diferentes” tras definirse que el proceso del excongresista se debe conducir por la Ley 906 de 2004, como pidió la defensa, y no por la Ley 600 del año 2000.

Tal como hizo el ente acusador, la Procuraduría opinó que la medida de aseguramiento ordenada por el alto tribunal perdió vigencia y no puede seguir activa.

“Esta representante de la sociedad considera que debe garantizársele al procesado Álvaro Uribe Vélez la aplicación del debido proceso y a la normatividad procesal penal que ahora rige en el presente asunto”, manifestó la delegada María Lourdes Hernández Mindiola.

Para la funcionaria, la renuncia de Uribe al Congreso de la República y la pérdida de competencia de la Corte Suprema hacen que la decisión de su libertad recaiga sobre un juez de control de garantías.

Hernández también indicó que la medida restrictiva de la libertad no debe seguir aplicándose, pues no hay imputación.

Así se manifestó la procuradora delegada sobre el caso Uribe: