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La Procuraduría vinculó a nuevos personajes que se suman al aparente entramado de corrupción que se tomó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Las nuevas conexiones del órgano de control se tejieron en medio de las investigaciones que avanzan contra Olmedo López.
Esta vez las pesquisas rastrearán la posible responsabilidad de Víctor Andrés Meza, exsubdirector general de la UNGRD y de Daniela Andrade Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora.
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La nueva línea de investigación tiene que ver con las aparentes irregularidades y sobrecostos en tres plantas desalinizadoras de agua para La Guajira. El expediente, informó el órgano de control, estaba abierto desde el 31 de mayo pasado.
Las tres plantas desalinizadoras fueron adquiridas por 42.000 millones de pesos y pretendían contribuir a las soluciones de agua potable para las comunidades de La Guajira.
En el caso de Víctor Andrés Meza, señaló la Procuraduría, fue el encargado –junto a Olmedo López– de realizar la convocatoria de cotizantes y de seleccionar al contratista: “instruyeron a la fiduciaria para elaborar el negocio jurídico”, afirmó el órgano de control.
Andrade Valencia quedó vinculada por suscribir el contrato como representante de la Fiduprevisora y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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Cuando la UNGRD anunció el contrato de las plantas desalinizadoras, afirmó que estas eran la “esperanza para la alta Guajira” y que podrían producir hasta 20.000 litros de agua potable por hora.
El sobrecosto de las plantas sería monumental. El Ministerio de Vivienda ya había adquirido varias plantas de este tipo con un costo aproximado de 5.000 millones de pesos para cada una. Es decir, con el mismo dinero que se contrataron las tres plantas de la UNGRD, pudieron construirse ocho plantas desalinizadoras.
Alquiler de carrotanques en Córdoba
Al exsubdirector Meza también lo investigan por las aparentes irregularidades al momento de contratar el alquiler de carrotanques para el departamento de Córdoba. En este proceso también se vinculó a Nelson Raúl Triana, representante legal de la sociedad Proyect ING.
“La Procuraduría adujo que luego de revisar las pruebas existentes y los documentos allegados existe mérito para que se analice la presunta participación de los dos funcionarios, quienes podrían ver comprometida su responsabilidad disciplinaria en los hechos objeto de la investigación”, puntualizó el órgano de control.
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