El encargado de sentar la posición por el ministerio público fue el procurador designado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, quien se manifestó a favor de la preclusión de la causa, según informó Noticias Caracol.
Su argumento, prosigue el noticiero, es que “no existen pruebas que demuestren que el expresidente haya ofrecido dádivas y presiones al testigo principal de este proceso”, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
En ese sentido, la Procuraduría señala que el que habría ejercido esas presiones es el abogado Diego Cadena, quien también enfrenta consecuencias penales por ello y recientemente fue suspendido para ejercer por tres años.
Hasta aquí, la Procuraduría coincide en ese sentido con la opinión del fiscal encargado Gabriel Jaimes, quien pide la preclusión del caso.
Pero El Espectador detalla que la Procuraduría incluso puso en duda la relación de Monsalve con paramilitares, pese a que está condenado por su afiliación a Los Rastrojos.
“No hay elementos de prueba que lo vinculen con los paramilitares, por que sus acusaciones no tendrían veracidad”, cita el rotativo.
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