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La posibilidad de que alrededor de 250 personas privadas de la libertad en condición de sindicados en Pereira enfrenten, a partir del próximo año, la suspensión del servicio de alimentación genera una profunda inquietud entre autoridades y defensores de derechos humanos. Así lo advirtió la Procuraduría General de la Nación, que alertó sobre el inminente riesgo que esta medida puede suponer para los derechos fundamentales de esta población. La preocupación surge luego de que se realizara una reunión el 29 de diciembre pasado, en la que el Ministerio Público puso de relieve las consecuencias negativas que una interrupción del servicio alimentario podría causar, precisamente en un grupo particularmente vulnerable.
Hasta el primer semestre del año, la responsabilidad de proporcionar alimentación a las personas privadas de la libertad en condición de sindicados recaía sobre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). No obstante, tras una decisión polémica por parte del Gobierno nacional, dicha responsabilidad fue transferida a las entidades territoriales. En este sentido, alcaldías y gobernaciones asumieron tanto la logística como el financiamiento de la alimentación, una determinación que generó inquietud por la falta de recursos y de infraestructura suficiente a nivel local.
Pereira fue una de las ciudades donde esta medida se implementó de manera efectiva a partir del 1 de julio. Sin embargo, desde un principio la administración municipal advirtió sobre la imposibilidad de asumir plenamente este compromiso, al carecer de los recursos y de condiciones técnicas adecuadas para garantizar la prestación del servicio. Esta situación ha escalado al punto de que se espera una nueva reunión para encontrar alternativas viables, con la Procuraduría participando activamente a través de su Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, la Regional de Instrucción de Risaralda y la Provincial de Instrucción de Pereira.
La mayoría de los sindicados en Pereira se encuentran alojados en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV), mientras que el resto permanece en estaciones de policía. Es fundamental precisar que una persona sindicada, según la legislación colombiana, es aquella que está bajo detención preventiva y a la espera de una decisión judicial sobre su situación legal. A diferencia de quienes ya han recibido una sentencia condenatoria, cuya custodia corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la responsabilidad sobre los sindicados recae en los entes territoriales.
Este panorama se complica aún más debido a otras vulneraciones que afectan a la población sindicada, incluidos problemas graves como el hacinamiento en los lugares de reclusión, lo que agrava la crisis humanitaria y pone en entredicho el respeto a derechos fundamentales.
¿Qué diferencia existe entre sindicados y condenados en el sistema penitenciario?
Es relevante aclarar la distinción dentro del sistema penitenciario colombiano entre sindicados y condenados. Mientras los sindicados son personas detenidas preventivamente, que esperan la definición de su situación jurídica, los condenados ya recibieron una sentencia y cumplen una pena impuesta por las autoridades judiciales. Esta diferencia implica que las entidades responsables de su custodia y atención varían: los sindicados están bajo el cuidado de las autoridades territoriales, en tanto que los condenados quedan a cargo del Inpec.
La aclaración resulta importante no solo para entender la crisis en Pereira, sino también para visibilizar los retos que enfrentan los entes locales, a los que corresponde garantizar condiciones dignas y la salvaguarda de los derechos básicos de quienes aún no han sido declarados culpables por la justicia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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