El proceso disciplinario cobija a los generales Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército; Eduardo Quirós, del Comando de Apoyo de Contrainteligencia; y Jorge Horacio Romero, del Comando de Apoyo de Acción Integral, excomandante de la Cuarta Brigada.
El Ministerio Público abrió tres líneas de investigación “por presuntos actos de corrupción relacionados con la aparente exigencia u oferta de dineros para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información de los medios de comunicación”.
El primer caso se trata de la presunta exigencia de dinero a subalternos para la financiación de viajes familiares, a particulares y empresarios para la expedición de salvoconductos, y supuestas ofrecimientos de premios millonarios o licencias extendidas a cambio de las identidades de las personas que estarían entregando audios y documentos con información a los medios de comunicación.
Así mismo, se investiga si oficiales del grado de mayores y coroneles habrían participado en actos de corrupción para presionar ascensos y nombramientos.
El despacho del Procurador ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas la revisión del trámite que habría dado la Inspección del Ejército a las denuncias sobre la supuesta exigencia de dinero por parte de los oficiales, el traslado de pruebas de las investigaciones que por estos hechos adelanta la Fiscalía General de la Nación y la revisión en el Comando de Personal de las hojas de vida de algunos oficiales.
En el reportaje Semana indicó que cuatro militares le confirmaron que el jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), general Eduardo Quiroz, ofreció a sus hombres recompensas por información sobre quién filtra información del Ejército a la prensa.
Así mismo, la Procuraduría anunció que ejercerá el poder preferente sobre cualquier actuación que en relación con estos hechos pudiera estar adelantando la Inspección General del Ejército.
Semana también recordó que el propio general Martínez ha sido objeto de especulaciones por cuenta de una directriz, cuyos formatos publicó la revista, en los que los militares debían hacer una proyección para duplicar los resultados operacionales de su tropa.
Esta polémica comenzó en mayo pasado cuando el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo según el cual el Gobierno colombiano lleva a cabo “otra encarnación” de los ‘falsos positivos’, crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.
Mientras tanto, el procurador Carrillo agregó que se han “decretado unas primeras pruebas y de aquí en adelante los señores generales involucrados tendrán el derecho de solicitar la versión previa”.
A propósito del tema, el comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, dijo este lunes que no conoció durante su desempeño como Inspector General de la institución las denuncias sobre corrupción contra varios oficiales.
Hasta el momento la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de ‘falsos positivos’ que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
El general Martínez sostuvo el pasado 21 de mayo que se cambiaría la directriz porque consideraba que hubo “mala interpretación” por parte de personas ajenas a la institución.
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