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La reciente advertencia de Amelia Pérez Parra, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sobre el posible regreso de más de 19.000 predios incautados a las mafias, ha encendido las alarmas entre las principales entidades responsables de la administración de justicia y bienes en Colombia. De acuerdo con El Espectador, este riesgo estaría relacionado con una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro que tendría efectos directos sobre la situación de estos inmuebles vinculados a procesos contra la criminalidad organizada.
Tras el pronunciamiento de Pérez Parra, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Justicia y del Derecho emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran estar realizando acciones coordinadas para proteger la efectividad de los procesos de extinción del derecho de dominio. Este procedimiento legal permite al Estado apropiarse de bienes que tienen vínculos comprobados con actividades ilegales, como el narcotráfico o el lavado de activos, quitándolos de las manos de los delincuentes.
El origen de la incertidumbre actual radica en una decisión provisional emitida por el Consejo de Estado, la cual suspendió temporalmente la aplicación de la norma sobre la caducidad de las inscripciones en los procesos de extinción de dominio. Es decir, en este momento no hay claridad sobre si las medidas cautelares pueden perder vigencia simplemente por el paso del tiempo. Esta situación legal ha provocado preocupación, ya que podría abrir la puerta a que quienes fueron despojados de estos bienes por la justicia intenten recuperarlos argumentando vencimiento de los plazos legales.
Tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía y la Superintendencia han señalado que la caducidad de la inscripción registral no equivale en ningún caso a la pérdida de vigencia de la medida cautelar ordenada por un juez. Según han explicado, esta medida se mantiene válida hasta que una autoridad judicial levante dicha medida, o hasta que el proceso culmine con una sentencia final definitivamente ejecutada.
Frente a este panorama, las instituciones informaron sobre la creación de lineamientos claros a través de la Instrucción Administrativa expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro el 13 de febrero de 2023. Este documento fija pautas específicas respecto a las solicitudes de caducidad de inscripciones correspondientes a las medidas cautelares en los procesos de extinción de dominio, aportando mayor claridad a los procedimientos legales y administrativos pertinentes.
Finalmente, para abordar las complejidades de esta problemática, las entidades han conformado mesas técnicas interinstitucionales. El propósito es diseñar, desde una perspectiva integral, soluciones jurídico-operativas coordinadas, proceso que incluirá en el corto plazo la firma de un memorando de entendimiento que permita formalizar y asegurar la continuidad de este trabajo conjunto, según recoge el informe del medio citado.
¿Qué implica la extinción del derecho de dominio?
Uno de los puntos centrales en el debate actual es la figura de la extinción del derecho de dominio. Esta acción, contemplada en la legislación colombiana, habilita al Estado para apropiarse de bienes asociados a crímenes graves, privando permanentemente a sus antiguos propietarios como parte de una estrategia judicial para debilitar organizaciones delictivas.
La relevancia de comprender este concepto radica en que el éxito de los procesos de extinción de dominio representa no solo un golpe patrimonial contra estructuras criminales, sino también un resguardo para los intereses de la sociedad; así, garantizar la vigencia y efectividad de estas medidas cautelares es visto como un pilar en la política de seguridad y justicia. La actual controversia sobre la caducidad de inscripciones demuestra la importancia de mantener reglas precisas que impidan vacíos legales y protejan el patrimonio que el Estado logra recuperar.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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