Las dos están imputadas por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros, por presuntas irregularidades en contratos de Buen Comienzo y alimentación escolar. También está imputado Henry Paulison Gómez, hasta hace una semana representante legal de Colombia Avanza, pero contra él no se dictó casa por cárcel.
En la audiencia de este lunes 20 de febrero, la jueza sustentó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia de las dos funcionarias en el riesgo de reiteración expuesto por la fiscal 49, es decir, en su consideración, ambas podrían repetir conductas similares a las que las tienen bajo este proceso penal.
“Cuando uno analiza que son funcionarias públicas, que lo que se está protegiendo es el patrimonio y el interés estatal, estos delitos que afectan la administración de justicia son graves porque la prestación del servicio es para la comunidad de la primera infancia, madres lactantes y estudiantes”, manifestó la jueza al argumentar su decisión.
Y continuó diciendo que comparte la apreciación de la delegada de la Fiscalía de que hay riesgo para la administración pública, en tanto que ambas servidoras públicas están investigadas por cuatro delitos y siguen laborando dentro de la Alcaldía de Medellín. Agudelo, en su condición de titular de Educación, y Gil, vinculada a la Secretaría de Inclusión Social.
“La delegada de la Fiscalía tiene razón cuando dice que hay una probable reiteración de la misma conducta porque estas personas continúan en las dependencias y tienen a disposición recursos públicos”, agregó la jueza, quien reiteró que la medida de aseguramiento busca evitar que desde sus cargos puedan incurrir en las conductas que presuntamente cometieron y por las cuales están en la investigación.
Aun cuando se respeta la presunción de inocencia y el debido proceso, para la jueza es posible inferir la existencia del riesgo de reiteración, lo que también debe tener en cuenta que al ser funcionarias de la Alcaldía de Medellín se requieren unas calidades y una confianza.
En consideración de la jueza, este riesgo es menor en el caso de Gómez, no solo por ser un particular, sino también porque en medio de este proceso renunció a la representación legal de la corporación. Según ella, Gómez sabe que debe estar pendiente cuando sea citado a las diferentes audiencias para que se defienda en este proceso penal. Con su renuncia a Colombia Avanza, indicó la jueza, se logró algo que buscaba prevenir la Fiscalía: que Gómez siguiera en sus funciones en la corporación.
No obstante, la fiscal apeló la decisión respecto a Gómez y pidió que se le imponga la misma medida de aseguramiento que a las dos funcionarias. La fiscal indicó que este hombre habría participado en los delitos imputados.
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“Estos son delitos medios de cara a apropiarse de recursos públicos”, manifestó la fiscal e hizo referencia a las llamadas interceptadas a personas a través del teléfono corporativo de Colombia Avanza, en las cuales se habría hablado del ocultamiento de pruebas de detalles de la ejecución de los dineros en los contratos.
La delegada del ente acusador también dijo que es necesaria la medida de aseguramiento en la residencia para Gómez porque, en su consideración, también representa un riesgo de fuga, porque son las personas que tienen posibilidades económicas las que pueden huir, esto sin contar que el hecho de que haya solicitado una conversación con la Fiscalía antes de las audiencias no es muestra contundente de que no hay una posibilidad de fuga.
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