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Grupo Aval y Corficolombiana acordaron pagar más de US$60 millones a las autoridades estadounidenses por su participación en el caso Odebrecht. El Departamento de Justicia (DOJ) fue enfático en que Corficolombiana, filial de Grupo Aval, participó “en un ardid para pagar millones de dólares en sobornos”.
El caso llegó a Estados Unidos, luego de que se presentara una querella penal presentada en el Tribunal del Distrito de Maryland, imputándosele el cargo de asociación delictuosa para violar la disposición contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El DOJ, además, recordó que Grupo Aval es emisor en Estados Unidos.
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El grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo acordó pagar US$ 80 millones. Además, las dos compañías reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta de un exejecutivo de Corficolombiana.
Así las cosas, Corficolombiana firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA en inglés) de tres años con este Departamento.
Por qué pagarán Grupo Aval y Corficolombiana
El Departamento de Justicia recordó que Corficolombiana se unió, entre 2012 y 2015, “en una asociación delictuosa para pagar más de US$23 millones en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano”. El propósito: obtener un contrato para la construcción y operación de la Ampliación Ocaña-Gamarra, en la Ruta del Sol tramo II. Con ese fin, se unió con Odebrecht para “pagar sobornos”.
De acuerdo con el DOJ, “Corficolombiana causó que otras entidades firmaran contratos ficticios con empresas asociadas con intermediarios que pasaban los pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano”.
Sobre el acuerdo de pago de Grupo Aval y Corficolombiana, Nicol M. Argentieri, fiscal general adjunta en funciones de la División Penal del DOJ, aseguró: “refleja el compromiso del Departamento de Justicia de trabajar hombro a hombro con nuestros socios extranjeros para combatir la corrupción transnacional”.
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Grupo Aval y Corficolombiana tendrán que pagar a la SEC US$40,26 millones. Y al Departamento de Justicia, después de descuentos, US$20,3 millones.
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A pesar del acuerdo, el subdirector de la División de Investigaciones Penales del FBI, Luis Quesada, aseveró que “la resolución demuestra que la justicia tiene un precio muy alto para quien intenta sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros”.
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