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Un reciente informe sobre los casos de violencia sexual en el Congreso presentado por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, reveló que durante el primer semestre de 2023 se han recibido por lo menos nueve denuncias. Sin embargo, Pizarro aseguró que ha sido una “tarea difícil” acceder a los testimonios de las víctimas debido a un “muro de silencio” dentro del legislativo que no se ha podido romper.
“En total recibimos nueve denuncias, entre ellas siete mujeres y dos hombres, cuyas edades oscilan entre los 21 y los 28 años. Por ser esta la primera instancia para presentar estas denuncias, nosotras encontramos amplísima resistencia. Lo que esperamos es romper los muros de silencio que existen en el Congreso de la República”, explicó Pizarro, que tuvo que retractarse de acusaciones a Molano, a los medios.
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Frente a esas denuncias, las víctimas de acoso sexual recibieron atención psicosocial y jurídica por parte del equipo especializado que se contrató para tal fin. Sobre los presuntos agresores, se encontró que tres eran compañeros de trabajo, cinco eran jefes y uno, judicante.
A pesar de la dificultad para acceder a los testimonios, el informe destacó que se recibió un testimonio anónimo en que se relatan hechos de acoso laboral y sexual contra Jorge Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado.
En el caso puntual de Laverde, la víctima decidió hacer público su caso, pero mantenerse en el anonimato luego de que tuvo que salir del Congreso sin siquiera reclamar el pago de su contrato, incluso cumpliendo con los requisitos del mismo. Además, aseguró que son varios casos contra Laverde y que no es la única trabajadora en el Congreso que ha sido violentada por el Secretario.
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Según la investigación que se adelanta en el Congreso (donde hubo daños por el fuerte temblor), enmarcada en la campaña “Rompamos el silencio, en esto te acompañamos”, el testimonio de la víctima da cuenta de los comportamientos de Laverde.
“Él entra al cubículo, se me empieza a acercar físicamente, de una forma bastante violenta que me sentía minimizada, me sentía en peligro; por como me miraba, me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención, que no pasábamos mucho tiempo juntos sabiendo que teníamos mucho tiempo. Él se me empieza a acercar, y yo agarro lo primero que tengo en la mano, que son unos lapiceros y le digo: yo no sé qué le puedo hacer con esto, pero créame que se va a meter en un problema, por favor no se me acerque más, y él se… y lo primero que yo hago es también de nuevo salir corriendo de la Comisión”, relató la víctima.
Y continúa con su relato: “A los dos días me toca volver (…) él se sienta conmigo, buscamos una silla al corredor que queda en la Comisión, yo me siento al lado de él para mostrarle lo que me estaba pidiendo y él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía, yo me levanto de la silla y le digo que por favor pare, yo guardo todo y no vuelvo a la Comisión”.
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El informe presentado por Pizarro, del Pacto Histórico, aclaró que John Jairo Uribe, quien fue asesor de Roy Barreras, fue desvinculado de su cargo y ahora su caso está en manos de la Fiscalía.
Así mismo, uno de los casos que se empezó a atender el 16 de mayo de 2023, en el que una mujer manifestó que un servidor público vinculado a una de las comisiones de la Cámara de Representantes le enviaba contenido sexual a través de mensajes, ya se encuentra en Fiscalía en una etapa de indagación preliminar.
🔴En vivo: informe sobre los casos de acoso y abuso sexual en el Congreso. https://t.co/qiFCaZAvLK pic.twitter.com/3EXHDxLq7f
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 28, 2023
Por otro lado, tres funcionarios han sido retirados del Congreso por casos de violencia sexual, uno de ellos, hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Paola Holguín. “Se trata de Juan Pablo Gómez, acusado de acoso sexual y acceso carnal. La víctima puso de presente que podrían existir al menos siete denuncias más, en las que el funcionario, haciendo uso de su posición, se aprovechaba de las víctimas. La denunciante interpuso de manera directa queja ante la Fiscalía”, detalla el informe.
De esta manera, en cuanto a las acciones legales, ocho víctimas tienen denuncias ante el ente investigador, cuatro tienen quejas disciplinarias ante Control Interno y se han solicitado medidas de protección a la Cámara de Representantes. El pedido de la senadora Pizarro es una actuación diligente y una pronta investigación a las denuncias porque, según los testimonios recibidos, el número de víctimas sería mayor. “En el caso del señor John Jairo Uribe, podría incluso tratarse de una red de violencia sexual”, alertó Pizarro.
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De acuerdo con los datos reportados por la misma Fiscalía General de la Nación, durante el 2021 se registró un total de 31.336 víctimas de delitos sexuales, de las cuales 27.419 son mujeres, es decir, el 87,5% y 3.917 son hombres, lo que corresponde al 12,5%.
En ese contexto, Pizarro también hizo un llamado a terminar con la impunidad sobre los casos de delitos sexuales contra la mujer. Según la Corporación Sisma Mujer, solamente un 6,85% de casos se encuentran en juicio y tan solo un 0,13% en ejecución de penas
Mientras tanto, como una medida de prevención, desde el 30 de enero se implementó un protocolo integral para la Prevención y Orientación Institucional frente a Conductas de Violencia Sexual, en el Ámbito Laboral y Contractual, en el Congreso de la República, que se adoptó a través de la Resolución 010 de 2023.
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En cuanto a la supuesta red de trata de personas dentro del Congreso, Pizarro fue enfática en que no tiene evidencia al respecto. “No hay ninguna red, por lo menos que nosotros sepamos, de trata en el Congreso de la República, como lo denunció Gustavo Bolívar , no tenemos evidencia de ello”, dijo la senadora.
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