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En una carta dirigida al magistrado Roberto Augusto Serrato, publicada por Blu Radio, el abogado Guillermo Rodríguez argumenta que “no se evidencia el fundamento” para mantener vigente el decreto 2208 de 2016, emitido por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Esto “teniendo en cuenta los últimos hechos”, los cuales, según el demandante, “resaltan de manera pública la grave situación de seguridad pública en todo el territorio nacional”.
Rodríguez se refiere principalmente al episodio en el que un médico mató a tres delincuentes que lo iban a atracar en el norte de Bogotá, lo que suscitó todo un debate acerca de la legítima defensa y el porte de armas. Además, después de que sucediera esto se presentaron por lo menos dos casos similares más en los que ciudadanos habrían tomado la justicia por mano propia.
“Quienes han sido autorizados a portar armas lo han hecho porque la delincuencia ha atentado contra ellos o sus familias, o son víctimas de amenazas”, prosigue la misiva. “Por ello, resulta injusto que el Estado desarme a las personas de bien que legalmente han obtenido sus armas, mientras que la delincuencia permanece armada ilegalmente, poniendo en peligro la vida y bienes de los ciudadanos”, sostiene.
El abogado dijo que “los ciudadanos deben defenderse de alguna manera y la única forma es que hagan ejercicio de la legítima defensa”, indica La W .
Por otro lado, respecto a la percepción de que esto significaría reconocer que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, Rodríguez agregó que “no puede haber un policía por cada ciudadano” y que “no es tomarse la justicia por cuenta propia”, sino “el ejercicio legítimo de defender la vida, honra y bienes”.
Paradójicamente, en días pasados el comandante de la Policía reconoció que contempla limitar la venta de armas de fogueo asegurando que algunos delincuentes están intimidando con ellas a los ciudadanos.
Tal como hizo el penalista Abelardo de la Espriella, Rodríguez también llamó “héroe” al médico en cuestión y dijo que la investigación de la Fiscalía sobre lo sucedido es una “persecución” que “tiene que ser archivada o precluida debido a que está en curso una de las exclusiones de responsabilidad penal”, concluyó Blu.
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