Ambas organizaciones, creadas en el marco del acuerdo de paz y particularmente el punto de víctimas, exigieron que la entidad liderada por el Fiscal Néstor Humberto Martínez no intervenga con la autonomía y la independencia judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En un comunicado, precisaron: “Hacemos un llamado a la prudencia, objetividad y respeto, para que sean los principios que orienten la actuación de todas las instituciones, entre ellas la Fiscalía, de manera que ninguna de las actuaciones de las grandes instancias del Estado y de sus responsables pueda ser observada como contraria a los objetivos del bien superior de la construcción de la paz”.
La declaración se produjo luego de que el pasado jueves la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, denunció una “indebida intromisión” de la Fiscalía General de la Nación tras una inspección sorpresiva a la sede del tribunal en el norte de Bogotá.
En dicha inspección, la Fiscalía se hizo con una copia del expediente 001, que tiene que ver con los secuestros cometidos por la ahora desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lo que ha generado una tensa situación entre ambos organismos.
En el texto, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas señalaron que el debilitamiento de los mecanismos establecidos en La Habana para garantizar la paz en el país “no solo contraría los fines esenciales del Estado, sino también la legitimidad de todas sus instituciones”.
“La implementación, fortalecimiento y respeto de mecanismos de Justicia Transicional tiene un papel fundamental en las posibilidades de hacer el tránsito hacia las condiciones que permitan el fortalecimiento del Estado de derecho y, por esta vía, la construcción de la paz”, agregaron.
La misiva fue firmada por Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y por el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, quienes de esa manera rechazaron la injerencia de la Fiscalía en un expediente de la JEP con reserva judicial.
La inspección de la Fiscalía a la sede de la JEP (tribunal creado para juzgar a actores del conflicto armado, entre militares y exguerrilleros de Farc) se dio en el marco de una investigación que adelanta el organismo contra una magistrada y otros integrantes del tribunal, quienes autorizaron la salida del país de excombatientes que son investigados por presuntamente haber participado en secuestros.
El pasado viernes, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz declararon que los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los participantes de la JEP “dependen del estricto respeto de todos los poderes públicos a la independencia y autonomía”.
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— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) 5 de octubre de 2018
Por su parte, el lunes, el presidente colombiano, Iván Duque, defendió el papel de la Fiscalía y señaló que no se puede “satanizar el papel investigativo de los órganos que la Constitución ha creado para cumplir con esas misiones”.
Asimismo, pidió a los magistrados “ser humildes” cuando reciban observaciones de otro ente que alertan sobre riesgos que pueden estarse presentando en las estructuras de las jurisdicciones.
Por último, Duque indicó que no busca terciar en la controversia, pero pidió “cordura para llamar a la armonía de poderes”, según declaraciones reproducidas por Caracol Radio.
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