
Gustavo Petro volvió a levantar polémica en torno a la reforma laboral que aprobó el Congreso de la República. Esto luego de las recientes declaraciones que dio en un consejo de ministros transmitido por los canales oficiales de la Presidencia.
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En un fragmento de su intervención, recogido por Caracol Radio, el mandatario dio una orden al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para que disponga de “mil inspectores” para que supervisen el cumplimiento de la iniciativa que entraría en vigencia desde el primero de julio de 2025.
“Cuál es el problema de no aplicar una ley, que ahora sobreviene con la reforma laboral, ministro de Trabajo, por eso le dijo que por lo menos 1.000 inspectores visitando empresas. Empresas que no apliquen la reforma, ¡chum! De acuerdo con la ley y con la norma”, dijo en mandatario.




#POLÍTICA. El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) pidió al ministro del Trabajo que mil inspectores visiten las empresas, para hacer cumplir la reforma laboral.
“Empresas que no apliquen la reforma, ¡chum! De acuerdo a la ley y a la norma”, dijo.
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2025
Puntos clave de la reforma laboral
La iniciativa impulsada por el Gobierno fue aprobada el 20 de junio de 2025 en el Senado y trae consigo una transformación profunda en el régimen laboral colombiano.
El texto, impulsado por el Ministerio de Trabajo, busca fortalecer la protección de los trabajadores, reducir la precariedad laboral y fomentar la contratación estable, según informó el diario El Tiempo.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación del horario de la jornada nocturna, que ahora iniciará a las 7:00 p. m., y se incrementa el recargo dominical y festivo del 75 % al 100 %, como detalló el medio económico Portafolio.
Es decir que contempla que todo trabajador que labore en domingos o días festivos reciba un recargo del 100 % sobre su salario ordinario, proporcional al número de horas trabajadas en esos días. Este pago adicional se otorgaría sin afectar el salario correspondiente a los demás días de la semana.
Sin embargo, durante los debates en el Congreso se propuso que la aplicación de este recargo sea gradual en un periodo de tres años. De acuerdo con lo acordado, el incremento se implementaría así:
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Primer año: 85 % de recargo
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Segundo año: 95 %
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Tercer año: 100 %
Aunque el Senado ya dio luz verde a esta disposición, su entrada en vigor como ley aún depende de una conciliación con la Cámara de Representantes. Esta conciliación debe realizarse antes del viernes 20 de junio, fecha en la que concluye el actual periodo legislativo. El consenso es clave para que esta medida se convierta en norma vigente.
En materia contractual, la reforma establece que los contratos a término fijo no podrán superar los tres años, y los contratos por obra o labor tendrán un límite de cuatro años. Pasado ese tiempo, deberán convertirse en contratos a término indefinido.
Preocupación para empresarios por reforma laboral
Pese a sus avances sociales, expertos consultados por Bloomberg Línea advirtieron sobre posibles efectos negativos en el empleo formal, especialmente en las pymes, que podrían enfrentar dificultades por los mayores costos laborales. El sector empresarial expresó preocupación por la rigidez en los despidos y el aumento de cargas prestacionales.
En declaraciones recogidas por El País, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, advirtió que la medida podría desmotivar la generación de empleo y reforzar la informalidad, al obligar a pequeñas y medianas empresas con márgenes reducidos a asumir mayores cargas laborales y salariales. El documento de Fenalco señaló que el aumento en los recargos y jornadas podría llevar al cierre de establecimientos, reducir su personal y elevar precios a los consumidores.
Desde la Universidad del Rosario, expertos recuerdan que, según el Banco de la República, la reforma podría significar un incremento de los costos laborales del 3,2% al 10,7%, y generar la pérdida de entre 152.000 y 746.000 puestos formales, cifra mencionada por El País tras revisar el estudio del Banco. También se indicó que la tasa de informalidad podría aumentarse en 0,7 a 3,4 puntos porcentuales.
Pese a los anuncios sobre mejoras en los derechos de los trabajadores, el sector privado pide gradualismo, condiciones especiales para pymes y mayor concertación, según reportes de Portafolio. La exigencia de mayor flexibilidad contractual y costos moderados es clara, pues sin ello, advierten, la reforma podría tener efectos adversos en la competitividad y la formalización del mercado laboral colombiano.
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