Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, Gómez le dijo a Noticias RCN que existe la posibilidad de “pedir aclaraciones de los aspectos que el Estado considere que no son claros”.
El funcionario se refirió a las posiciones de la Corte que exigen “un cambio legal”, y dijo que desde el Ejecutivo existen varias dudas al respecto.
Por ejemplo, ante el trasfondo de la determinación de la Corte, que solicita adecuar —”en un plazo razonable”— el ordenamiento jurídico interno de Colombia, Gómez dijo que “la petición que cursó Gustavo Petro, y que concluyó con esta sentencia, abre la puerta a complicaciones de corrupción”.
Para el director de la Agencia Jurídica, ahora cerca de 20.850 funcionarios públicos de elección popular tendrán que, “en el futuro —cuando se modifique la ley—, acudir ante un juez penal”.
Sobre la compensación económica, dijo que Gustavo Petro aspiraba a una indemnización de 40.000 dólares, pero que la Corte IDH solo accedió a una reparación de 10.000 dólares.
Gómez agregó que el exalcalde también esperaba una “indemnización en equidad” por los gastos en los que incurrió durante el caso, pero la corte solo accedió a pagar los gastos probados, entre unos 17.000 y 18.000 dólares.
“Esto se paga, desde luego, con el dinero de la Nación”, apuntó Gómez.
Y es que la Corte determinó que a Petro se le vulneraron sus derechos políticos cuando fue destituido e inhabilitado por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, por el escándalo en la recolección de basura.
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