Siete años después, Alejandro Ordóñez ya no está en la Procuraduría, sino que es el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, a la que pertenece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De hecho, la Corte —en su página oficial— detalla que parte de sus ingresos proviene del Fondo Regular de la OEA.

Justamente, fue la Corte IDH la que condenó al Estado colombiano por la destitución de Petro como alcalde de Bogotá por el escándalo en el proceso de recolección de basuras en la capital, durante 2013.

Estado debe indemnizar a Gustavo Petro

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Gracias a esa acción, ahora el país deberá pagarle unos 28.000 dólares al ahora senador, y tendría que replantear las funciones de instituciones como la Procuraduría.

La Corte, perteneciente a la entidad internacional donde ahora Ordóñez es embajador, destacó en su sentencia que los funcionarios electos popularmente no pueden ser destituidos o inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas.

La senadora Angélica Lozano recordó en su Twitter esa ‘relación’ institucional de Ordóñez y puso en evidencia que, ahora, las vueltas de la vida lo ponen casi que en la misma institución que penalizó su determinación contra Gustavo Petro

Gustavo Petro, que lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales, en el Senado

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Este es el trino de la senadora:

Pero Lozano no fue la única que notó ese detalle. En Las 2 Orillas no dejaron pasar el episodio e, incluso, hablaron de “vergüenza” de Ordóñez en la OEA.

En ese portal sostienen que al embajador “le tocó recibir la sentencia contra el Estado colombiano” por el caso castigado en la Corte.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.