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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reivindicó los derechos de una ciudadana que fue presionada para pagar más de lo que adeudaba a un edificio en Pereira. Al estudiar y fallar el caso, en grado jurisdiccional de consulta, la Corte calificó la conducta como desleal y suspendió al abogado por el término de 2 meses.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha emitido una sentencia ejemplar contra un abogado que gestionaba cobros abusivos en cuotas de administración de un edificio en Pereira, reivindicando así los derechos de una ciudadana afectada.
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El proceso disciplinario surgió a raíz de una queja presentada por una ciudadana contra el abogado el 13 de julio de 2021. El jurista, actuando como apoderado de un edificio residencial en Pereira, inició un proceso ejecutivo para el cobro de cuotas de administración supuestamente adeudadas por la demandada a la propiedad horizontal.
La denunciante afirmó que el abogado la presionaba reiteradamente para pagar el dinero que supuestamente debía, induciéndola a conciliar extrajudicialmente. Esto la llevó a suscribir un acuerdo de pago, entregando una primera cuota en efectivo, que el abogado recibió y continuó con el proceso ejecutivo.
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Sin embargo, al consultar la página de la Rama Judicial, la ciudadana descubrió que sus excepciones habían sido valoradas por el tribunal y comunicadas a la parte demandante. Ante esto, reclamó al abogado, quien se negó a devolver el dinero y exigió el pago de la segunda cuota.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda declaró al abogado responsable disciplinariamente y lo suspendió en el ejercicio de su profesión por dos meses, por violar su deber profesional y cometer una falta disciplinaria.
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Aunque el disciplinado argumentó un malentendido, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sentencia, tras analizar el caso en grado de consulta. La Corte Disciplinaria destacó que el actuar del abogado fue engañoso y desleal, al intentar captar dinero de manera indebida a título de honorarios profesionales.
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Esta sentencia resalta la importancia de garantizar la ética y la transparencia en la práctica legal, protegiendo así los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos por parte de profesionales del derecho.
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