Nuevo capítulo en enredo con pasaportes: Procuraduría hizo petición por "graves irregularidades"
Interpuso la acción ante el Tribunal de Cundinamarca por presuntamente “adelantar un proceso competitivo, desconociendo los principios de selección objetiva”.
La Procuraduría General de la Nación solicitó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declare la nulidad absoluta del contrato estatal que se hizo con la Casa de la Moneda de Portugal para la elaboración de los pasaportes colombianos.
#LOÚLTIMO | La Procuraduría pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la nulidad absoluta del contrato para pasaportes con Portugal. Esto dijo el organismo.
El contrato, de más de 1,3 billones de pesos, fue celebrado en julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.
¿Qué irregularidades habría en el contrato?
Según el documento de la Procuraduría, el convenio se suscribió sin “cumplirse los presupuestos normativos, se omitió adelantar un proceso competitivo, desconociéndose los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad”.
Además, señala, “la Imprenta Nacional de Colombia no contaba con la capacidad técnica y operativa para ejecutar directamente el objeto contractual, limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa da Moneda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose una subcontratación integral del objeto del convenio”.
“Durante la visita preventiva del Ministerio Público se constató la ausencia de estudios de mercado y del sector, así como la carencia de una justificación detallada de la necesidad contractual. El documento denominado ‘Justificación para la Selección del Cooperante Internacional’ carecía de firmas de responsables y no cumplía las etapas exigidas por el manual de contratación”, dice.
Asimismo, habla de “graves irregularidades (como) citación extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por grabaciones de audio y video, y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros”.
De acuerdo con la Procuraduría, “el convenio compromete recursos por más de 1,3 billones de pesos hasta el año 2036, sin contar con la autorización previa del CONFIS ni con la declaratoria de importancia estratégica mediante documento CONPES”, lo que “pone en riesgo el patrimonio público, dado que compromete recursos del Estado en un negocio jurídico que incumple normas imperativas sobre la modalidad de selección, principios de planeación y transparencia, principios de la función administrativa y autorizaciones presupuestales”.
Por lo anterior, la Procuraduría pide que se ordene “a la empresa extranjera contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio”.
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