“Tres de esos homicidios les serán imputados a miembros de la Policía Nacional en el marco de estas manifestaciones”, expresó el fiscal Francisco Barbosa, en una declaración conjunta con el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Sin embargo, ninguno de los dos funcionarios dio detalles sobre cuántos son los uniformados que tendrán que responder por los asesinatos, ni cuáles son los casos específicos por los que se les procesará.
Aunque el saldo de víctimas confirmadas por la Fiscalía coincide con un informe de Human Rights Watch, ambos difieren en los casos posibles. Según esa organización son 20, pero para Barbosa solo hay “siete en verificación y seis no tienen vínculo” con la protesta.
Según la Defensoría, 89 personas han sido reportadas como desaparecidas desde que comenzaron las manifestaciones, pero el fiscal Barbosa aseguró que 38 personas “ya fueron ubicadas”, algunas de ellas se reportaron como detenidas en Bogotá. “Tenemos pendientes 51 personas para ubicar en los próximos días“, agregó.
El defensor Camargo dijo, por su parte, que “está activado un mecanismo de búsqueda que consiste en visitar Medicina Legal, las unidades de reacción inmediata (URI), las estaciones de Policía y los centros de protección por traslado, así como también hospitales y clínicas”.
El Gobierno insiste en que grupos armados ilegales son los instigadores de la violencia, pero elude dar explicaciones sobre el desproporcionado uso de la fuerza pública que han denunciado organismo internacionales como la ONU, la Unión Europea y Amnistía Internacional.
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