“Esta es una entidad autónoma e independiente en la Rama Judicial, que tiene como función investigar y acusar a los presuntos responsables de estos hechos”, enfatizó Barbosa durante una rueda de prensa en la que anunció que se hará un informe que busque poner en debido contrapeso la imagen presentada por las ONG y organizaciones de derechos humanos en redes sociales.
Barbosa señaló que serán más de 5.000 los funcionarios que estarán dispuestos para “garantizarle a la ciudadanía el acceso a la justicia” en el marco de hechos violentos de todo tipo que han levantado las alarmas durante el paro nacional.
Asimismo, la Fiscalía añadió que se dará un enfoque exclusivo a tres casos que han causado revuelo mediático en el país. Estos son:
- El caso de la menor de edad que murió en Popayán (Cauca), en cuyo proceso se adelantan las labores para establecer la posible comisión de un delito sexual por parte de miembros de la fuerza pública.
- Los 15 homicidios en los que se determinó una relación directa con las protestas, entre ellos, el de Lucas Villa, en Pereira (Risaralda).
- Los 7 casos registrados en Cali (Valle del Cauca), en uno de los cuales se logró la judicialización de un patrullero por la muerte de un menor de edad, entre otros.
La Fiscalía manifestó que los informes serán compartidos con voceros de la comunidad internacional. Estos son: el delegado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Schamís; el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA, Roberto Menéndez; el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu; y el director de verificación de la Misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosende. (Vea también: Procuraduría no ha investigado presunto exceso de fuerza de la Policía durante el paro).
Asimismo, Barbosa apuntó que se reunirá con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero; y finalmente con los embajadores de la Unión Europea, España, Ecuador, Italia, Alemania y Países Bajos, entre otros.
Las reuniones se darán luego de que medios internacionales, varias ONG y organizaciones de derechos humanos difundieran a nivel global presuntos abusos policiales cometidos en Colombia.
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