“A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle”, anunció el presidente Iván Duque la noche de este viernes, desde esa ciudad.
Aunque en el anuncio se limitó a mencionar a Cali y al departamento del Valle, en el decreto la orden se habló de más partes del país:
Departamentos que tendrán asistencia militar
- Cauca.
- Valle del Cauca.
- Nariño.
- Huila.
- Norte de Santander.
- Putumayo.
- Caquetá.
- Risaralda.
Ciudades y municipios específicos que tendrán asistencia militar
- Cali (Valle).
- Buenaventura (Valle).
- Pasto (Nariño).
- Ipiales (Nariño).
- Popayán (Cauca).
- Yumbo (Valle).
- Buga (Valle).
- Palmira (Valle).
- Bucaramanga (Santander).
- Pereira (Risaralda).
- Madrid (Cundinamarca).
- Facatativá (Cundinamarca).
- Neiva (Huila).
¿Qué implica el decreto de asistencia militar por el paro nacional?
El mandatario explicó que la asistencia militar implica que “se triplicará la capacidad” de uniformados en todo el departamento rápidamente y que ayudará a aumentar la vigilancia en “puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo y de terrorismo urbano de baja intensidad”.
El decreto va dirigido a alcaldes y gobernadores, a quienes se les ordena “coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar” para “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia en sus respectivas jurisdicciones“.
Asimismo, se les pide “adoptar las medidas necesarias en coordinación con la fuerza pública para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos”.
Con el fin de imponer el orden en aquellas zonas que han sufrido múltiples alteraciones de orden público durante un mes de paro nacional, el Gobierno sugiere “decretar toque de queda, frente a cualquier alteración significativa”, al tiempo que pide tomar acciones para judicializar a responsables de delitos y emprender otras para reactivar la economía.
El último punto incluso advierte que “los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto serán sujetos de sanciones a que haya lugar“.
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