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La Defensoría del Pueblo alertó que debido a un paro de 72 horas promovido por el Ejército de Liberación Nacional obligó al confinamiento y desplazamiento de 714 núcleos familiares en el municipio del Alto Baudó (Chocó), que se traduce en 2.893 personas afectadas.
Ante esto, esa institución solicitó la realización de un comité extraordinario de justicia transicional.
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Por eso, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que “a través de nuestra Regional Chocó hicimos la debida solicitud, que fue atendida por la Alcaldía del Alto Baudó”.
Y agregó que “necesitamos que los entes competentes implementen con carácter urgente planes para atender a las comunidades afectadas no solo por el paro armado del Eln, sino por combates entre ese grupo guerrillero y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.
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Son 19 comunidades las que se vieron en la obligación de confinarse: Puerto Palacios, Puerto Tomás, Puerto Indio, Villa Nueva, Peña Alta, Puerto Ángel, Tambo, Pureza, Santa Rita, Jangadó, San Francisco de Cugucho, entre otros centros poblados.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, nuevamente hace un llamado a los grupos armados ilegales a que le respeten la vida y la integridad a Luis Manuel Díaz y a todos los secuestrados de Colombia, a que tengan gestos genuinos de adelantar un verdadero proceso de paz. pic.twitter.com/dU0pPfh7sl
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 7, 2023
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El nuevo paro armado del Eln, impulsado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, es el sexto del año que “decreta” en el departamento. Estas y las demás afectaciones originadas por otros grupos armados ilegales –incluido el Clan del Golfo– ha desencadenado en lo que va de este 2023 cuatro eventos de confinamientos masivos, además de algunos desplazamientos en el Pacífico Sur.
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“Lo que está sucediendo en el Alto Baudó lo advertimos con nuestras Alertas Tempranas 041 del 2019, 018 del 2020 y 034 del 2022. Además, este año hemos emitido 25 oficios de prevención, protección y asistencia para esa amplia zona, en el sur del departamento. Necesitamos que las autoridades nacionales, departamentales y locales atiendan lo que ahora mismo está sucediendo. Las comunidades no pueden seguir viendo vulnerados sus derechos por la no atención y respuestas tardías de las instituciones públicas”, enfatizó el defensor Camargo.
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