El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En una de las mayores operaciones recientes contra el crimen organizado, las autoridades colombianas ejecutaron una ofensiva enmarcada en el Plan Cazador Odín, logrando la captura de 156 personas asociadas a redes criminales centradas en la extorsión y el secuestro. Esta acción, coordinada por el Gaula de la Policía Nacional, la Fiscalía General y las Fuerzas Militares, impactó simultáneamente cinco capitales y ocho departamentos. Además de estos arrestos, el operativo resultó en la muerte de tres presuntos criminales y la incautación de armas, municiones, vehículos y dispositivos utilizados en actividades ilícitas, según un reporte oficial publicado por El Espectador en 2025.
El principal objetivo de esta intervención era desmantelar la infraestructura económica y operativa de grupos ilegales como el Clan del Golfo, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores de la delincuencia común. De los capturados, 20 pertenecían al Clan del Golfo y 4 a disidencias de las Farc, lo que evidencia la resistencia de estas organizaciones a pesar de la presión estatal. En particular, la detención de 12 miembros de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo en Córdoba, Sucre y Antioquia significó un golpe a su eje financiero: su líder imponía un 5% de extorsión sobre contratos públicos y privados, mientras que otros integrantes coordinaban estas acciones, llevaban registros y reclutaban jóvenes en situación de vulnerabilidad, perpetuando así prácticas nocivas para el tejido social.
Las rentas ilegales de este grupo superaban los $300 millones mensuales, obtenidos principalmente de pequeños comerciantes, ganaderos y prestamistas informales, consolidando un esquema de control social que abarca desde asesinatos hasta el seguimiento a la Fuerza Pública. La magnitud de la operación no solo restó a las bandas recursos económicos sino también instrumentos clave para intimidar a la sociedad civil. Según el Informe Global sobre Drogas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estas dinámicas delictivas han aumentado especialmente en regiones donde la presencia del Estado es escasa.
Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) informa que la fragmentación de grupos armados posterior al Acuerdo de Paz con las Farc ha derivado en intensas disputas por el control territorial y un endurecimiento de los métodos criminales, lo que obliga a mantener enfoques policiales coordinados e innovadores. Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) resalta que la captación de jóvenes por estos grupos tiene origen en la exclusión social, la falta de educación y la ausencia de alternativas, factores que propician nuevos ciclos de violencia y criminalidad estructural en Colombia.
El creciente uso de tecnología —sobre todo teléfonos móviles para coordinar extorsiones— revela la sofisticación y capacidad de adaptación de estas organizaciones, y subraya el desafío para la inteligencia policial y judicial, que debe modernizarse constantemente. Además, la conexión transnacional del crimen se hizo patente con la muerte de un enlace del Clan del Golfo en Ecuador, mostrando así una problemática que desborda fronteras y requiere respuestas integrales. Pese al impacto de la operación, queda en evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias sociales y estatales para quebrar definitivamente los ciclos de inseguridad y violencia.
¿Qué retos enfrenta la inserción social de jóvenes afectados por el reclutamiento forzado? La captación de jóvenes por parte de agrupaciones criminales no solo perpetúa los ciclos de violencia sino que también dificulta su reintegración social tras procesos judiciales o desmovilizaciones. Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia enfatizan que la solución requiere inversión en educación, acceso a empleo formal y estrategias de inclusión. Sin este acompañamiento, la vulnerabilidad socioeconómica de los jóvenes sigue siendo aprovechada por organizaciones delictivas, reproduciendo problemáticas estructurales.
Además, enfrentar este reto supone un trabajo colaborativo entre Estado, sector privado y sociedad civil, de modo que se facilite la generación de oportunidades legítimas en territorios afectados por la criminalidad. Así, programas de formación técnica, inclusión educativa y apoyo psicológico se convierten en elementos clave para evitar el retorno de estos jóvenes a estructuras ilegales, y avanzar hacia una paz sostenible.
¿Cómo la fragmentación de grupos armados afecta la seguridad regional en Colombia? Tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, organizaciones como el Clan del Golfo han ocupado territorios abandonados, incrementando la disputa y multiplicando los actores armados en zonas estratégicas. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que la fragmentación y las disputas territoriales resultantes han originado nuevas dinámicas criminales, como la diversificación de ingresos ilícitos y la intensificación de la extorsión sobre la población civil.
Esto ha aumentado la complejidad de la seguridad regional, obligando al Estado a desplegar esfuerzos de inteligencia y acción coordinada. De hecho, cada fragmentación no solo complica el control del orden público sino también dificulta la atención social y la gestión integral de la violencia en comunidades vulnerables.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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