La información se conoció este jueves en la presentación del informe “Situación de los derechos humanos en Colombia”, en Bogotá, donde la Organización de las Naciones Unidas instó al Gobierno a fortalecer las garantías para que los defensores de derechos humanos puedan ejercer su misión.
La Organización informó que de los 29 casos denunciados en lo corrido del año, seis ya están documentados.
De igual manera, aseguró que los 113 asesinatos de líderes, en 2018, se cometieron en 24 de los 32 departamentos de Colombia, principalmente en Antioquia (noroeste), Cauca (suroeste) y Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), que concentraron el 37 % de los casos.
Del total de personas que fueron asesinadas, nueve eran mujeres y la mayoría de esos homicidios se cometieron en municipios en los que existe un “alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género”, por lo que la ONU pidió implementar el “Programa Integral de Garantías para Mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos”.
El 66 % de los asesinados, detalla el informe, habían denunciado a criminales o los efectos de la violencia sobre la población.
En el informe, la Oficina también alertó de once presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2018, de las cuales seis fueron realizadas, al parecer, por la Policía y cinco por el Ejército.
Por otra parte, el representante del organismo en Colombia, Alberto Brunori, aseguró que una de las claves para mejorar la situación de los derechos humanos en el país está en la debida implementación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno, que entonces presidía Juan Manuel Santos, y la antigua guerrilla de las Farc en noviembre de 2016.
Eso, explicó Brunori, podría reflejar la voluntad que tiene el Estado colombiano de cumplir con sus obligaciones internacionales, pues los esfuerzos hechos no han sido suficientes.
“La alta comisionada ha observado que el Estado, pese a los esfuerzos desplegados, no ha podido llegar de manera coordinada y con la oferta institucional requerida a nivel territorial, particularmente en las zonas rurales más alejadas y donde el conflicto generó los mayores impactos”, aseveró Brunori.
Por lo mismo la ONU invitó al gobierno del presidente Iván Duque a “priorizar el gasto público en prevención y a seguir promoviendo el desarrollo en particular en las zonas rurales apartadas y urbanas marginadas”.
Para lograrlo, el organismo propone que el dinero recuperado en casos de corrupción sea una “fuente importante de financiamiento” para implementar esos compromisos, así como el de sustitución de cultivos ilícitos que están contemplados en el acuerdo de paz.
LO ÚLTIMO
.svg)
