Así lo afirmó el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
Eso, en palabras de Brunori, quien presentó el Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018, sería una “garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición”.
Duque anunció el domingo pasado que devolvió al Congreso la ley estatutaria de la JEP tras objetar seis artículos que considera no garantizarán la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo con las FARC.
Esa ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero el mandatario decidió objetarla parcialmente.
En ese sentido, Brunori manifestó que para que la JEP pueda funcionar es “fundamental que en todas las ramas del poder público promuevan el respeto de su autonomía e independencia”.
El objetivo, señaló, es que los magistrados de ese tribunal puedan garantizar la seguridad jurídica de los reincorporados de las FARC y los miembros de la Fuerza Pública que están compareciendo ante esa corte.
“La JEP representa una oportunidad sin precedentes para procesar judicialmente los crímenes del conflicto armado y amparar de forma eficaz los derechos de las víctimas, en atención a los impactos diferenciados que tuvo la violencia en las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes en los pueblos étnicos en todo el país”, concluyó.
La Corte Constitucional dio ayer el primer coletazo a las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria, pues declaró inexequibles (que no proceden) dos artículos de la norma de procedimiento que habían sido incorporados por el partido de Gobierno Centro Democrático.
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