Así lo hizo saber la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la presentación de los informes de su oficina:

“Dos años después de la firma del acuerdo de paz, aliento al Gobierno a implementar la JEP de una manera integral”.

La Ley Estatutaria de la JEP ha vuelto al Congreso porque el presidente Iván Duque objetó seis artículos que considera no garantizan los principios de verdad, reparación y no repetición amparados en el acuerdo de paz.

Al respecto, Bachelet pidió una “decisión rápida” por parte de los poderes del Estado para que el JEP pueda operar “de una manera más independiente y se refuerce la seguridad legal de las víctimas”.

Además, Bachelet dijo que resultan preocupantes “algunos aspectos de la nueva Política de Seguridad” de Colombia, en particular los relativos al aumento del uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública y la creación de una red de participación cívica para reforzar la seguridad.

Por otra parte, la alta comisionada dijo que su oficina recibió, hasta el pasado 8 de marzo, información sobre 27 asesinatos de defensores de los derechos humanos desde inicios de 2019, mientras que en 2018 hubo 110 casos, de los que una cuarta parte correspondieron a indígenas y afrocolombianos.

“La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde la influencia de las Farc era fuerte y la presencia del Estado sigue siendo débil, sobre todo en sanidad, educación y otros servicios fundamentales”, explicó.

Varios activistas fueron asesinados justamente por su apoyo a elementos del acuerdo de paz, como la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

En la réplica de Colombia a lo expuesto por Bachelet, la embajadora ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza, reconoció que la transición hacia la estabilidad y la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio colombiano “ha coincidido con más ataques y amenazas contra los líderes sociales”.

Sostuvo que la causa principal es el control que ejercen sobre esas áreas economías ilegales.

Acerca de los comentarios de Bachelet sobre la implementación del acuerdo de paz, la representante colombiana recordó que corresponde a la Misión de Verificación de Naciones Unidas hacer el seguimiento y emitir recomendaciones a ese respecto.

Por ello, dijo que la oficina de Bachelet debe evitar “duplicar funciones” con esa misión.